Jalisco se ha convertido en un territorio recurrente de refugio para personajes identificados por las autoridades como integrantes de algunas de las organizaciones criminales más importantes de México. Y Zapopan, particularmente sus zonas residenciales, aparece una y otra vez en los reportes de detenciones de objetivos prioritarios.
No me refiero, desde luego, a sus habitantes, sino a quienes han encontrado en este municipio un lugar para vivir, ocultarse, desarrollar actividades o, simplemente, pasar inadvertidos ante las autoridades.
Lo verdaderamente preocupante no es solamente la cantidad de personajes vinculados con el crimen organizado que han sido capturados en esta ciudad, sino una circunstancia que merece una explicación: ¿qué saben las autoridades de Jalisco sobre quienes se establecen en su territorio y qué están haciendo para identificarlos oportunamente?
Porque una cosa es que la delincuencia organizada tenga presencia en una entidad y otra muy distinta es que algunos de sus principales operadores encuentren condiciones para permanecer ahí durante periodos prolongados.
El ejemplo más reciente es la detención de Rafael Álvarez Ayala, conocido como El R2, identificado por el Gobierno federal como dirigente de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El pasado 8 de noviembre fue capturado durante un operativo de la Secretaría de Marina en un restaurante de la avenida México, en la zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan.
La operación fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, con información compartida por la agencia estadounidense DEA y colaboración de otras instituciones federales.
El R2 tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán y otra con fines de extradición hacia Estados Unidos. Las autoridades también lo vinculan con investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Pero su captura no constituye un acontecimiento aislado.
Una historia que se repite
Basta revisar los antecedentes para encontrar un patrón que lleva más de quince años.
El 29 de julio de 2010, el Ejército mexicano localizó en Zapopan a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa. Murió durante el enfrentamiento registrado en el operativo para detenerlo.
El 12 de mayo de 2011 fue detenido en un fraccionamiento exclusivo del mismo municipio Martín Beltrán Coronel, El Águila, identificado entonces por la Secretaría de la Defensa Nacional como sucesor de Nacho Coronel. Debe precisarse que en septiembre de 2014 obtuvo una sentencia absolutoria por los delitos que se le imputaron en ese proceso.
El 9 de marzo de 2012 cayó en Zapopan Erick Valencia Salazar, El 85, señalado como uno de los dirigentes del entonces naciente CJNG. En esa operación fueron detenidos también Otoniel Mendoza, identificado como Tony Montana, y José Luis Salazar Gutiérrez, El Chelis.
Ese mismo año las fuerzas militares detuvieron en el área metropolitana a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como R1 y R2, junto con Jesús Santiago Álvarez Ayala.
Es decir, el R2 ya había sido identificado y detenido catorce años antes de su nueva captura.
La historia continuó.
El 30 de enero de 2014, fuerzas federales detuvieron en Zapopan a Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, entonces líder del CJNG. Tras recuperar su libertad, fue capturado nuevamente en el mismo municipio en junio de 2015.
En mayo de 2018 fue detenida Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, señalada por las autoridades como presunta operadora financiera de esa organización. En noviembre de 2021 volvió a ser aprehendida en Zapopan.
Los nombres, las fechas y las operaciones evidencian que no estamos frente a una situación reciente ni excepcional.
El 2026: las capturas se multiplican
El fenómeno adquirió nuevas dimensiones este año.
De acuerdo con un recuento publicado por El Informador el 23 de octubre, durante 2026 las fuerzas federales habían detenido en Zapopan a once personas identificadas como objetivos de alto perfil vinculados con distintas estructuras criminales.
Entre ellas destacan José Carlos Orozco Herrera, El Charly, y César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta, señalados por presuntas actividades financieras relacionadas con el CJNG.
También fueron capturados Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, El Baldo; Alexis Jesús Medina García, El Brilloso; Ángel Guerrero Carrillo, El Canguro; Mario N, El Fiera, y Juvenal N, El Coreano, investigados por diversos delitos y presuntos vínculos con estructuras de violencia, extorsión y narcotráfico.
La relación incluye además a Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán Sol, vinculado por las investigaciones con una red de contrabando de combustibles; Iván Cazarín Molina, El Tanque; Luis Manuel N, El Ingeniero, señalado por la construcción de túneles para el tráfico transfronterizo de drogas, y Arturo Enrique Guillén García, El Nenuco.
Hay un elemento especialmente significativo: varios de estos personajes desarrollaban sus presuntas actividades delictivas en otras entidades del país, pero fueron localizados en Zapopan.
¿Por qué?
¿Dónde está la inteligencia de Jalisco?
No desconozco que la investigación de la delincuencia organizada implica competencias federales, ni pretendo que una policía municipal sustituya a la Fiscalía General de la República, al Ejército o a la Marina.
Pero tampoco podemos aceptar que esa distribución de competencias se convierta en un argumento para evadir responsabilidades.
El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cada uno dentro de sus atribuciones.
La prevención, el intercambio de información, la coordinación institucional y la identificación de riesgos también forman parte de esa responsabilidad.
Resulta revelador que una parte importante de estas capturas haya sido encabezada por fuerzas federales y que en algunos casos la información compartida por agencias estadounidenses haya contribuido a localizar a los investigados.
Esto no demuestra, por sí mismo, que las autoridades de Jalisco carezcan de inteligencia. Pero sí obliga a preguntar qué información tenían, desde cuándo y qué hicieron con ella.
El coordinador general de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció en octubre que algunos presuntos delincuentes podrían elegir Zapopan por su tranquilidad y porque pueden desenvolverse como ciudadanos comunes. También rechazó que exista protección institucional hacia ellos.
Esa explicación merece ser examinada.
Si los integrantes de organizaciones criminales encuentran en ciertas zonas residenciales un lugar donde pueden pasar inadvertidos, entonces el Estado necesita explicar qué mecanismos de prevención, análisis patrimonial y coordinación utiliza para detectar riesgos, sin vulnerar los derechos de quienes habitan legalmente esos espacios.
No basta con esperar a que exista una orden de aprehensión. Se requiere investigar las estructuras financieras y patrimoniales mediante las facultades legales correspondientes.
Y, sobre todo, resulta indispensable conocer qué aportaron las autoridades estatales a cada una de estas operaciones.
Un problema que no se resuelve con discursos
La seguridad no puede evaluarse únicamente por el número de patrullas, cámaras de vigilancia o detenciones anunciadas en conferencias de prensa.
Tampoco sería jurídicamente correcto afirmar que todos los señalados son culpables de los delitos que se les imputan. Esa determinación corresponde a los tribunales.
Pero los antecedentes documentados sí permiten formular un cuestionamiento de fondo:
¿Por qué Zapopan aparece reiteradamente como lugar de captura de personajes investigados por actividades criminales que afectan a diferentes regiones del país?
No se trata de desacreditar a sus habitantes ni de negar los resultados obtenidos por las instituciones federales.
Se trata de exigir que las autoridades municipales y estatales expliquen qué están haciendo, qué información comparten y cómo previenen que inmuebles residenciales o establecimientos comerciales sean utilizados por estructuras delictivas.
Porque combatir al crimen organizado no consiste solamente en detener a sus dirigentes cuando una investigación federal logra ubicarlos.
Consiste también en impedir, con investigaciones legales y coordinación efectiva, que sus redes financieras, operativas y de protección sigan funcionando.
La captura del R2 debe servir para abrir esa discusión.
Zapopan no merece ser identificado como una ciudad de delincuentes. Pero sus autoridades sí tienen la obligación de explicar por qué tantos personajes señalados por el crimen organizado han encontrado ahí un lugar para permanecer o esconderse.
La sociedad merece una respuesta documentada. No simplemente otra fotografía del siguiente detenido.


