La glosa del segundo informe de gobierno exhibió ausencias, retrasos y una comparecencia interrumpida. El problema rebasa las curules vacías: sin seguimiento ni consecuencias, la rendición de cuentas termina reducida a espectáculo parlamentario.
La glosa del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro está dejando una imagen preocupante del Congreso de Jalisco. No solamente por las diferencias políticas que naturalmente existen entre sus integrantes, sino por la falta de responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de fiscalizar al Ejecutivo, ni siquiera cumplen con asistir a las comparecencias.
Lo sucedido con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, fue el primer llamado de atención. El pasado 12 de noviembre, su comparecencia tuvo que retrasarse aproximadamente una hora porque no se reunía el quórum legal necesario para iniciar los trabajos.
La situación volvió a presentarse el 17 de noviembre, durante la comparecencia del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Esta vez el ejercicio ya estaba en marcha cuando los diputados comenzaron a abandonar el recinto legislativo. Solamente permanecían 18 de los 38 integrantes del Congreso, dos menos de los necesarios para continuar.
Me parece inadmisible que una actividad de esta importancia dependa de que los legisladores tengan la voluntad de permanecer en sus curules. No estamos hablando de un acto protocolario o de una reunión partidista, sino de una función esencial del Poder Legislativo: exigir cuentas a quienes administran los recursos y las instituciones públicas.
Y aquí surge una primera pregunta: ¿con qué autoridad moral puede un diputado exigir responsabilidad a los servidores públicos cuando él mismo incumple sus obligaciones? La representación popular no termina al ganar una elección. Por el contrario, ahí comienza el compromiso de responder ante los ciudadanos.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco establece expresamente la obligación de asistir a las sesiones y permanecer en el recinto. Incluso contempla descuentos por las faltas injustificadas. No se trata, entonces, de una cortesía parlamentaria, sino de una responsabilidad prevista en la legislación.
Pero considero que el problema es mucho más profundo. Desde hace años he sostenido que la glosa dejó de ser un verdadero ejercicio democrático de rendición de cuentas para convertirse, en buena medida, en una sucesión de exposiciones, posicionamientos partidistas y respuestas que pocas veces tienen consecuencias verificables.
También hemos visto cómo la presentación del informe de gobierno puede reducirse a la entrega de un documento. La Constitución permite que el gobernador lo envíe por escrito, pero cumplir formalmente con esa disposición no debería agotar su responsabilidad política frente a la sociedad.
La comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, volvió a exhibir las limitaciones del modelo. Los legisladores de Morena, PT y Futuro formularon cuestionamientos sobre deficiencias del servicio, tiempos de espera, cobertura y tarifas. Son asuntos legítimos que merecen respuestas puntuales y soluciones concretas.
Sin embargo, considero que el verdadero problema aparece cuando esos señalamientos quedan atrapados en la confrontación política. Cuestionar con firmeza es parte del trabajo legislativo, pero convertir la glosa en una competencia de discursos no necesariamente mejora el transporte ni resuelve las necesidades de quienes diariamente utilizan el servicio.
La crítica también debe alcanzar a quienes defienden al gobierno. Una glosa no puede convertirse en un espacio para justificarlo todo, presentar cifras favorables sin suficiente contraste o eludir los problemas que afectan a la ciudadanía. El deber de fiscalización corresponde a todas las fuerzas políticas, sin excepción.
Insisto en algo que ya he señalado anteriormente: la rendición de cuentas con el actual formato no sirve, no informa, no rinde cuentas, no resuelve ni propone mejoras. Es una valoración crítica que mantengo porque no encuentro suficiente utilidad democrática en una dinámica donde la exposición pública parece imponerse al seguimiento institucional.
Y lo más lamentable es que la legislación contempla herramientas que podrían dar sentido a este ejercicio. Los artículos 201, 202 y 203 de la Ley Orgánica establecen que la glosa debe permitir evaluar resultados, emitir conclusiones y remitirlas para su consideración en el análisis presupuestal.
Entonces, ¿por qué no hacemos que ese procedimiento realmente funcione? Propongo una transformación integral de la glosa: preguntas previamente sustentadas, acceso público a los indicadores, respuestas específicas de los funcionarios y compromisos institucionales sujetos a plazos de cumplimiento.
También considero indispensable que las conclusiones de las comparecencias sean públicas, comprensibles y verificables. Que cada ciudadano pueda conocer qué se cuestionó, qué respondió la autoridad, qué asuntos quedaron pendientes y qué acciones emprendió posteriormente el Congreso.
Un nuevo formato debería incluir la participación directa del gobernador en un ejercicio de diálogo y contraste, sin que ello signifique confundir la obligación constitucional de presentar un informe con la responsabilidad política de explicar sus resultados. También debería garantizar que los diputados cuestionen y propongan con seriedad.
No se trata de eliminar la crítica ni de convertir las comparecencias en actos de complacencia. Se trata precisamente de lo contrario: fortalecer la función de control del Congreso mediante información objetiva, debates respetuosos, revisión presupuestal y mecanismos públicos de seguimiento.
La democracia no se fortalece con curules vacías, discursos estridentes ni informes que terminan archivados. Se fortalece cuando las autoridades dan explicaciones, los representantes populares cumplen con su trabajo y los ciudadanos pueden comprobar si las promesas del gobierno se transformaron en resultados.
La glosa debe dejar de ser un trámite político para convertirse en un verdadero instrumento de rendición de cuentas. Porque si los diputados no asisten, no fiscalizan y no dan seguimiento a sus cuestionamientos, entonces la pregunta es inevitable: ¿quién está vigilando realmente al poder?


