Antes de que los servidores públicos comiencen a pedirnos nuevamente el voto, considero necesario hacer una revisión de su desempeño. ¿Qué prometieron durante sus campañas? ¿Qué hicieron durante su encargo? ¿Qué dejaron pendiente?
El proceso electoral de 2027 representa una oportunidad para realizar ese ejercicio. En Jalisco se renovarán las 38 diputaciones del Congreso local y los 125 ayuntamientos. Algunos de sus actuales integrantes buscarán continuar su trayectoria política en otros cargos.
No cuestiono el legítimo derecho de cualquier ciudadano a participar en una elección, incluidos quienes actualmente ejercen funciones públicas. Lo que considero indispensable es que esa aspiración vaya acompañada de un ejercicio serio de rendición de cuentas.
El gobernador Pablo Lemus pidió a los integrantes de su gabinete que informaran si buscarían una candidatura para comenzar a procesar sus renuncias y sustituciones. También recomendó que los diputados interesados en participar solicitaran licencia.
Me parece pertinente extender ese llamado a los partidos políticos para que promuevan el mismo criterio entre sus diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, sin importar los colores que representen.
Debo precisar que la legislación no exige separarse del cargo en todos los casos. Existen disposiciones específicas que dependen del puesto ocupado y de aquel al que se aspire. La recomendación política no sustituye esos requisitos legales.
¿Qué hicieron con la confianza ciudadana?
Sin embargo, existe una responsabilidad que ninguna licencia puede extinguir: explicar qué se hizo con las facultades, los recursos públicos y la confianza depositada por los ciudadanos.
En el caso de los presidentes municipales, debemos revisar los compromisos relacionados con seguridad, servicios públicos, infraestructura, agua potable, movilidad y desarrollo urbano, atendiendo a las atribuciones y responsabilidades de cada ayuntamiento.
¿Cuántas obras anunciadas fueron concluidas? ¿Cuántos proyectos permanecen pendientes? ¿Qué resultados pueden comprobarse y qué compromisos requieren todavía una explicación?
Con los diputados el análisis debe ser igualmente riguroso. Importa conocer su asistencia, sus votaciones, las iniciativas presentadas, las leyes aprobadas y, especialmente, su participación en la fiscalización de los recursos públicos.
Porque presentar una iniciativa no significa que se haya convertido en ley, como tampoco anunciar una obra representa haberla construido. Son diferencias fundamentales que deben quedar claras cuando se habla de resultados.
Propongo revisar las plataformas electorales, los compromisos públicos de campaña, los informes de actividades y los documentos oficiales. Es necesario distinguir lo prometido, lo efectivamente realizado y aquello que continúa sin cumplirse.
La responsabilidad de los partidos
Los institutos políticos también tienen una responsabilidad. Antes de postular nuevamente a quienes ya desempeñan un cargo, deberían revisar sus antecedentes de gestión y explicar públicamente los criterios utilizados para seleccionar sus candidaturas.
Es importante reconocer que no todo compromiso incumplido constituye una irregularidad. Existen limitaciones presupuestales, jurídicas y administrativas. Pero esas circunstancias también deben explicarse y documentarse ante los ciudadanos.
Asimismo, quien solicite licencia debe procurar una entrega ordenada de sus responsabilidades. Los asuntos públicos no pueden quedar paralizados por las aspiraciones electorales de quienes temporalmente los administran.
A lo anterior se suma la obligación constitucional de utilizar los recursos públicos con imparcialidad. Ningún aspirante debe confundir los medios institucionales que tiene a su disposición con instrumentos para promover su candidatura.
Considero que la democracia se fortalece cuando los ciudadanos cuentan con información suficiente para contrastar promesas y resultados. No se trata de impedir nuevas aspiraciones, sino de evaluar las responsabilidades que cada persona ya asumió.
Por eso, antes de escuchar nuevas propuestas y compromisos, vale la pena preguntarnos qué sucedió con los anteriores.
En 2027 no solamente debemos conocer lo que los aspirantes prometen hacer. También debemos revisar qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de servir.
Al final, cada ciudadano tendrá que responder una pregunta fundamental: ¿realmente valdrá la pena volver a votar por ellos?


