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El negocio sobrevive

El negocio sobrevive

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo no cierra un ciclo. El hombre que ayudó a construir uno de los primeros grandes imperios del narcotráfico mexicano falleció, pero el negocio criminal sobrevivió a su fundador.

Su historia representa una etapa fundamental para entender cómo el narcotráfico dejó de ser una actividad de contrabando relativamente dispersa y se transformó en una estructura criminal con capacidad de operación internacional.

Durante los años ochenta, Félix Gallardo consolidó, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, una organización que convirtió a Guadalajara en un centro estratégico del tráfico de drogas.

Aquella estructura encontró espacios de protección entre autoridades y agentes del Estado. Los antecedentes históricos y judiciales muestran que la corrupción institucional fue parte de las condiciones que facilitaron su crecimiento.

El asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, en 1985, puso al descubierto la violencia de aquella organización y provocó una profunda crisis entre México y Estados Unidos.

Primero fueron detenidos Caro Quintero y Fonseca Carrillo. Después, en abril de 1989, cayó Félix Gallardo. Las autoridades habían conseguido encarcelar a los principales dirigentes, pero no habían terminado con el negocio.

Por el contrario, la antigua estructura se fragmentó y dio paso a organizaciones que comenzaron a disputar rutas, territorios y mercados. Entre ellas destacaron los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa.

Todos quisieron ser el número uno. Cada organización buscó ampliar sus operaciones, construir sus propias alianzas y consolidar su capacidad criminal.

La historia posterior nos demuestra que la caída de los dirigentes no necesariamente representa el final de sus organizaciones.

Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, encabezó el Cártel de Juárez hasta su muerte en 1997, después de someterse a una intervención quirúrgica.

Benjamín Arellano Félix, uno de los principales dirigentes del Cártel de Tijuana, fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión en 2012.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, recibió en 2019 una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.

Ismael “El Mayo” Zambada, quien durante décadas encabezó la misma organización, fue condenado a cadena perpetua en julio de 2026, después de declararse culpable ante la justicia estadounidense.

Ovidio Guzmán López también se declaró culpable de delitos federales relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, en julio de 2025.

De los tres fundadores del Cártel de Guadalajara, Fonseca Carrillo recuperó su libertad en abril de 2025. Caro Quintero enfrenta un proceso penal en Estados Unidos. Félix Gallardo murió cumpliendo condena.

Y mientras desaparecen aquellos protagonistas, otros ocupan posiciones dentro de las organizaciones criminales.

El ejemplo más reciente lo tenemos en Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, murió durante una operación militar en Tapalpa el 22 de febrero de 2026. Su muerte no significó la desaparición del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estadounidenses identificaron posteriormente a Juan Carlos Valencia González como nuevo dirigente de esa organización, aunque las acusaciones formuladas en su contra deberán resolverse conforme al debido proceso.

Aclaro que el CJNG no surgió como una continuación directa del Cártel de Guadalajara. Su trayectoria es diferente, pero permite observar cómo las organizaciones sobreviven a sus dirigentes y modifican sus estructuras.

El problema no consiste únicamente en quién dirige un cártel, sino en las condiciones que permiten que estas organizaciones continúen operando.

El crimen organizado también ha diversificado sus actividades. Ya no depende exclusivamente del tráfico de drogas, pues distintas organizaciones participan en extorsiones, secuestros, trata de personas, robo de combustibles y otras actividades ilícitas.

Las consecuencias llegan directamente a la sociedad.

La extorsión, por ejemplo, fue el delito más frecuente contra los establecimientos económicos mexicanos durante 2025, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 del INEGI.

No todos esos delitos pueden atribuirse al crimen organizado, pero su frecuencia permite dimensionar uno de los problemas que afectan la actividad económica y la tranquilidad de los ciudadanos.

Sin embargo, considero que existe un asunto todavía más delicado: las redes de protección institucional que han permitido operar a distintas organizaciones criminales.

No hablo de simples sospechas.

Genaro García Luna, quien fue secretario federal de Seguridad Pública, recibió en 2024 una condena superior a 38 años de prisión en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En Jalisco también existen antecedentes de señalamientos oficiales. En 2022, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Severo Flores Mendoza, entonces jefe policial de Ameca, por su presunta colaboración con el CJNG.

Debemos distinguir entre una sentencia judicial y una sanción administrativa, pero también reconocer que existen antecedentes documentados de corrupción en diferentes niveles de las instituciones públicas.

Estoy convencido de que, sin esas redes de protección, el crimen organizado habría encontrado mayores dificultades para alcanzar las dimensiones que hoy conocemos.

Eso no significa señalar indiscriminadamente a políticos, policías o militares. Significa investigar responsabilidades concretas y no permitir que la captura de un narcotraficante sustituya el esclarecimiento de sus vínculos institucionales.

Félix Gallardo murió sin que se conozca públicamente toda la dimensión de las relaciones de protección que pudieron existir alrededor de su organización.

No podemos afirmar que se haya llevado a la tumba nombres determinados, pero sí debemos preguntarnos qué ocurrió con las investigaciones de quienes pudieron haber colaborado con aquella estructura.

¿Cuántos funcionarios fueron investigados? ¿Cuántos recibieron sentencias? ¿Qué ocurrió con las fortunas acumuladas y las relaciones políticas que contribuyeron al crecimiento de esas organizaciones?

Son preguntas que considero fundamentales y que no pueden desaparecer con el fallecimiento de sus protagonistas.

La experiencia de las últimas cuatro décadas también obliga a revisar los resultados de las estrategias de seguridad.

La detención de un dirigente representa una acción importante para hacer cumplir la ley, pero resulta insuficiente cuando permanecen intactas las estructuras financieras, las redes de reclutamiento y los mecanismos de corrupción.

Por eso sostengo que combatir al crimen organizado exige mucho más que detener a sus líderes. Requiere investigaciones patrimoniales, inteligencia financiera, instituciones confiables y consecuencias legales para quienes facilitan sus operaciones.

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo representa el final de una historia personal, no el cierre de un fenómeno criminal.

Los nombres de los capos han cambiado, sus organizaciones se han dividido y sus actividades se han diversificado. Lo que no debe continuar es la impunidad de quienes colaboran con ellas.

Porque los dirigentes pueden morir o terminar en prisión, pero mientras existan condiciones para proteger y financiar al crimen organizado, otros podrán ocupar su lugar.

La pregunta no es solamente quién será el próximo capo, sino quiénes permitirán que continúe el negocio.

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