Se avecinan tiempos de definiciones, particularmente para los gobiernos federal y estatal, pero también para los legisladores que tendrán en sus manos la autorización de los recursos públicos para 2027.
Y entre las prioridades que deben atender hay una que no admite mayores pretextos: el agua sucia que seguimos recibiendo en nuestros hogares en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Por un lado, el Ejecutivo estatal deberá presentar su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2027, que tendrá que pasar por la aprobación del Congreso de Jalisco. Por el otro, en el ámbito federal, la Cámara de Diputados ya analiza el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Será entonces cuando conozcamos hasta dónde existe la verdadera disposición de ambos gobiernos para enfrentar una problemática que afecta directamente a miles de familias.
Porque una cosa es anunciar proyectos, otra presupuestarlos y una muy distinta ejecutarlos.
Hablemos de números.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025 se autorizaron para Jalisco 93.22 millones de pesos en subsidios relacionados con la administración del agua y agua potable, además de 41.17 millones para el sector hidroagrícola. En total, 134.39 millones de pesos en esos dos conceptos.
Por su parte, el presupuesto estatal de 2025 contempló una partida de 1,525.2 millones de pesos para infraestructura hidráulica.
Son cifras de conceptos distintos, desde luego, pero permiten identificar compromisos presupuestales que deben contrastarse con las obras efectivamente realizadas.
Para 2026, la Comisión Estatal del Agua recibió un presupuesto de 3,057.5 millones de pesos, destinado a distintas acciones de abastecimiento, saneamiento e infraestructura.
Sin embargo, la dimensión del problema es considerablemente mayor.
El propio Gobierno de Jalisco presentó en julio pasado un plan hídrico que contempla acciones por más de 42 mil millones de pesos, de los cuales, según el documento divulgado, todavía faltaban por financiar aproximadamente 35 mil 573 millones.
¿De dónde saldrá semejante cantidad?
Ahí comienza la verdadera discusión.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla alrededor de 95.7 millones de pesos en subsidios relacionados con agua potable y actividades hidroagrícolas para Jalisco.
También aparecen 16.77 millones para el saneamiento del río Santiago, proyecto que comprende Jalisco y Nayarit.
Y aunque se anuncian 1,041.5 millones de pesos para el saneamiento del río Lerma, las asignaciones geográficas identificadas para 2027 corresponden al Estado de México y Querétaro. No podemos contabilizar ese dinero como una inversión directa en Jalisco.
Más preocupante todavía resulta que las grandes obras complementarias de El Zapotillo no aparezcan con una partida específica en el proyecto federal.
Esto no significa que la Federación carezca de inversiones hidráulicas en la entidad. Significa que todavía no existe suficiente claridad presupuestal sobre quién pagará, cuánto aportará y cuándo se ejecutarán las obras que Guadalajara necesita.
Y aquí es donde los diputados federales por Jalisco, particularmente los de Morena y sus aliados, tienen una responsabilidad importante.
No basta con ganar elecciones, ocupar curules y defender las decisiones del Gobierno federal. Su obligación es representar también los intereses de quienes votaron por ellos, gestionar recursos y procurar que las necesidades de Jalisco se atiendan.
Deben demostrar altura de miras y dejar de utilizar un tema tan delicado para llevar agua a su molino político.
Los diputados locales tampoco pueden evadir su responsabilidad.
Tendrán que estudiar y discutir técnicamente las propuestas que presente el gobernador Pablo Lemus, aprobar las que resulten viables o construir alternativas suficientemente sustentadas.
Lo que no sería aceptable es autorizar recursos sin mecanismos de vigilancia, ni bloquear soluciones únicamente por diferencias partidistas.
Porque ninguna de las dos conductas resuelve el problema.
El riesgo es que terminemos en un largo escenario de confrontación política: un gobierno estatal reclamando apoyo federal, una Federación señalando responsabilidades locales y dos congresos convertidos en escenarios de disputa.
Mientras tanto, las familias seguirán pagando por un servicio cuya calidad resulta cuestionable en numerosas colonias.
Y hay una fecha que todos los actores políticos deberían tener presente: el 6 de junio de 2027.
Ese día habrá elecciones para renovar las diputaciones federales, el Congreso de Jalisco y los ayuntamientos.
Será una oportunidad para evaluar el desempeño de nuestros representantes.
Pintos y colorados, naranjas y guindas deberán demostrar con hechos, recursos y resultados qué tan comprometidos están con resolver esta crisis.
Desde mi perspectiva, la ciudadanía debe seguir con atención la discusión de ambos presupuestos, exigir claridad sobre cada proyecto y conocer cómo vota cada legislador.
No se trata de aprobar por aprobar ni de rechazar por rechazar.
Se trata de garantizar que el dinero público se traduzca en agua limpia para nuestros hogares.
Porque en 2027 no bastará con pedir nuevamente el voto. Habrá que rendir cuentas de lo que hicieron, o dejaron de hacer, cuando tuvieron la oportunidad de resolver el problema.


