El próximo 1 de octubre se cumplirán dos años del inicio de la actual administración de San Pedro Tlaquepaque. Dos años son tiempo suficiente para dejar atrás cualquier curva de aprendizaje y comenzar a evaluar resultados, decisiones y, sobre todo, rumbo. La administración 2024-2027 comenzó formalmente el 1 de octubre de 2024.
Desde mi perspectiva, eso es precisamente lo que hoy cuesta trabajo encontrar en Tlaquepaque: un rumbo. No basta con ocupar el Palacio Municipal, administrar presupuesto y llenar una agenda de actividades. Gobernar significa establecer prioridades, tomar decisiones y producir resultados que la gente pueda ver y sentir.
La impresión que deja la administración es, por el contrario, la de un gobierno que ha venido improvisando sobre la marcha. Y cuando la improvisación se instala en las áreas donde se toman decisiones, termina reflejándose inevitablemente en la calidad de los servicios y en la confianza ciudadana.
Alrededor del equipo municipal han circulado desde hace meses versiones sobre la falta de experiencia previa de algunos funcionarios en la administración pública y sobre la llegada de cuadros sin raíces en Tlaquepaque. No he podido corroborar documentalmente esas trayectorias una por una, por lo que deben entenderse como trascendidos, no como hechos acreditados.
Hay, sin embargo, una versión publicada que merece mencionarse por su relevancia política. En febrero, la columna ¿Qué pasa en Tlaquepaque?, de Conciencia Pública, recogió testimonios de comerciantes y actores políticos que aseguraron que buena parte de funcionarios cercanos a la Secretaría General llegó de la Ciudad de México.
Esa misma publicación recogió otra versión que desde entonces se repite en los círculos políticos del municipio: que José Luis Ramírez Espinoza, secretario general del Ayuntamiento, conocido también como “JL”, tendría una influencia particularmente fuerte sobre las decisiones de gobierno. Es un trascendido, no una conclusión acreditada.
Lo importante no es el sobrenombre. Tampoco voy a convertir una versión política en una verdad por decreto. La pregunta relevante es otra: ¿quién conduce realmente al Ayuntamiento, quién toma las decisiones estratégicas y quién responde por ellas cuando los resultados son cuestionados?
Ese cuestionamiento adquiere mayor peso frente a las denuncias presentadas contra la administración. En julio, UdeGTV reportó 31 denuncias ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, promovidas por representantes del Partido Verde y relacionadas con presuntas irregularidades en vehículos, maquinaria y alumbrado.
También han circulado señalamientos que hablan de posible enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de atribuciones y otras conductas atribuibles a funcionarios municipales. Sobre esos señalamientos no he encontrado documentación suficiente que permita asegurar que formen parte de las 31 denuncias señaladas, por lo que los menciono únicamente como versiones que deberán acreditarse o descartarse ante las autoridades.
Y aquí conviene dejar algo perfectamente claro: presentar una denuncia no significa demostrar un delito. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ha atribuido estos señalamientos al contexto político y ha dicho que entregará la información que le requieran la Fiscalía Anticorrupción o el órgano de control municipal.
Eso es justamente lo que debe suceder. Que las autoridades investiguen, que quienes denuncian prueben sus dichos y que los funcionarios respondan. Lo que no puede aceptarse es que asuntos de esta naturaleza terminen perdidos entre acusaciones partidistas, declaraciones mediáticas y silencios administrativos.
El problema tampoco termina en los contratos. En mayo, la diputada Celenia Contreras denunció públicamente presuntas extorsiones y cobros excesivos contra comerciantes establecidos y tianguistas y afirmó haber recibido testimonios sobre inspecciones, sanciones y cobros que estaban afectando sus actividades económicas.
Son acusaciones graves y deben tratarse precisamente como eso: acusaciones que requieren investigación y pruebas. Pero cuando comerciantes señalan posibles abusos de inspectores municipales, la respuesta política no puede ser simplemente esperar a que el tema desaparezca. El Ayuntamiento debe aclarar qué investigó, qué encontró y qué hizo.
Mientras todo esto ocurre dentro y alrededor del gobierno, en las calles permanecen problemas mucho más sencillos de explicar. En marzo, vecinos llevaron al Congreso de Jalisco quejas por retrasos en la recolección de basura, calles deterioradas y fallas de alumbrado en distintas zonas del municipio.
Hablo de necesidades básicas. La gente no necesita conocer el organigrama municipal para saber cuándo no pasa el camión de la basura, cuándo una luminaria permanece apagada durante semanas o cuándo una calle se deteriora. Ahí comienza y termina buena parte de la evaluación cotidiana de cualquier gobierno.
La seguridad agrega otro elemento. De acuerdo con la ENSU publicada por el INEGI el 24 de julio, 64.9 por ciento de la población adulta encuestada en San Pedro Tlaquepaque consideró inseguro vivir en su ciudad durante junio de 2026. En marzo había sido 62.5 por ciento.
Es importante precisar que la ENSU no permite afirmar que determinadas colonias sean inseguras ni que el incremento trimestral sea estadísticamente significativo. Sí permite afirmar algo suficientemente preocupante: casi dos de cada tres adultos encuestados en Tlaquepaque dijeron sentirse inseguros viviendo en su ciudad.
El agua también forma parte de la vida cotidiana que no admite discursos. El propio Ayuntamiento informó en julio que había distribuido más de 15 millones de litros de agua limpia e instalado 55 cisternas en distintas colonias. Aunque buena parte del problema involucra al SIAPA, la dimensión de esa respuesta muestra la magnitud de las afectaciones que enfrentan las familias.
Por eso me preocupa que nos acerquemos al calendario electoral sin haber resuelto todavía buena parte de la agenda municipal. El IEPC Jalisco tiene previsto que el proceso electoral local 2026-2027 comience formalmente en octubre. La política electoral, inevitablemente, comenzará a ocupar cada vez más espacio.
No tengo elementos para afirmar que Laura Imelda Pérez Segura haya decidido buscar la reelección. Tampoco existe razón para presentar esa posibilidad como un hecho consumado. Sí existen especulaciones políticas sobre su continuidad y sobre otros posibles aspirantes rumbo a 2027.
Precisamente por eso los meses que vienen serán decisivos. La administración tiene que escoger si concentra sus esfuerzos en resolver lo que tiene enfrente o permite que la lógica electoral termine desplazando definitivamente la responsabilidad de gobernar.
Tlaquepaque necesita que sus autoridades expliquen las denuncias, revisen los señalamientos contra funcionarios, garanticen que ningún comerciante sea víctima de abusos y atiendan con eficiencia basura, alumbrado, seguridad, agua, calles y todos esos asuntos aparentemente pequeños que determinan la calidad de vida.
Un gobierno no pierde el rumbo el día en que deja de funcionar una oficina. Lo pierde cuando deja de tener prioridades reconocibles para sus ciudadanos, cuando las explicaciones sustituyen a los resultados y cuando la política comienza a importar más que la administración pública.
De continuar así, ésta corre el riesgo de convertirse en una administración fantasma: estuvo ahí, ocupó los cargos, ejerció presupuesto y llenó tres años de calendario, pero nunca consiguió construir una dirección clara para el municipio.
Por eso sostengo que hoy Tlaquepaque está sin rumbo. Y si quienes lo gobiernan ya tienen la mirada puesta en 2027, todavía están a tiempo de recordar algo elemental: antes de pedir continuidad, primero hay que demostrar que se supo gobernar.
