El servicio público requiere entrega, profesionalismo, dedicación y, muchas veces, dar más de lo que estrictamente corresponde para que otra persona pueda recibir un servicio, resolver un problema o ejercer un derecho.
Por eso hoy quiero felicitar a quienes todos los días hacen funcionar nuestras instituciones.
Pero también quiero hablar de la otra cara de la moneda.
El Estado exige mucho a sus servidores públicos, pero también tiene obligaciones con ellos.
La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que las entidades públicas deben respetar y tratar dignamente a sus trabajadores, pagar puntualmente sus salarios y proporcionarles los útiles, instrumentos y materiales necesarios para desempeñar su trabajo.
No se trata, entonces, de una concesión o de la buena voluntad de un superior.
El trato digno también es un derecho.
Y eso significa que ninguna institución debería convertirse en un lugar donde sus trabajadores lleguen con miedo a ser humillados, perseguidos, hostigados, acosados o separados arbitrariamente de su empleo.
CUANDO LAS DENUNCIAS SE ACUMULAN
Por eso me preocupan los señalamientos que durante los últimos meses han surgido públicamente alrededor de la Fiscalía del Estado de Jalisco y, particularmente, respecto de René Alejandro Delgado Hernández, identificado como mando del área relacionada con robo a carga pesada y bancos.
En mayo pasado, Mural publicó un nuevo señalamiento en su contra por presunto acoso laboral y despido injustificado.
Más recientemente circuló públicamente un video en el que se cuestiona su actuación frente a una abogada que realizaba labores profesionales. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si esa conducta constituyó alguna irregularidad o responsabilidad.
Y esa precisión es importante: una denuncia no equivale a una sentencia.
Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse.
Pero exactamente por la misma razón, toda denuncia debe investigarse con seriedad, independencia y sin interferencias.
HAY ANTECEDENTES
En este caso existe además un antecedente que no puede ignorarse.
En 2007, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la Recomendación 8/2007 por hechos ocurridos años antes. En ella concluyó que René Alejandro Delgado Hernández y otro servidor público participaron en agresiones contra una persona detenida que la Comisión calificó como tortura.
La CEDHJ solicitó entonces que se agregara esa resolución a sus expedientes personales y que se determinara la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Años después, en 2013, se hizo pública una amonestación administrativa contra Delgado Hernández por no atender en tiempo y forma un requerimiento de la propia Comisión.
Estos antecedentes no prueban las acusaciones actuales.
Pero sí forman parte de la trayectoria institucional documentada de un servidor público que nuevamente enfrenta cuestionamientos públicos.
INVESTIGAR SIN INTERFERENCIAS
Aquí aparece una pregunta que considero inevitable:
¿Qué debe hacer una institución cuando existen señalamientos reiterados contra uno de sus mandos?
La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla medidas cautelares precisamente para proteger los procedimientos.
Entre ellas está la suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable cuando sea necesaria, por ejemplo, para evitar la obstaculización del procedimiento.
La propia ley establece algo fundamental: esa suspensión no significa que la persona sea culpable ni constituye un indicio de responsabilidad.
Eso cambia el sentido de la discusión.
Separar temporalmente a alguien mientras se desarrolla una investigación no debería utilizarse como condena anticipada. Puede ser una herramienta para garantizar que quienes investigan, denuncian o declaran puedan hacerlo sin interferencias.
Si existen elementos suficientes para adoptar esa medida, corresponde a la autoridad competente justificarla legalmente.
Y si no existen, también debe explicarlo.
CUIDAR A LA INSTITUCIÓN
Para mí, cuidar a una institución no significa proteger a sus mandos de cualquier señalamiento.
Significa proteger a quienes trabajan dentro de ella y garantizar investigaciones imparciales cuando alguien denuncia abusos.
Porque el mensaje institucional importa.
Si un trabajador piensa que denunciar a un superior no servirá para nada, probablemente guardará silencio.
Y si un mando cree que ninguna denuncia tendrá consecuencias institucionales, el problema puede crecer.
Por eso, en el Día del Servidor Público, mi reconocimiento es para quienes cumplen diariamente con su responsabilidad, muchas veces con recursos limitados y bajo enormes presiones.
Pero la felicitación también debería venir acompañada de algo más importante que un discurso:
respeto.
Respeto a su trabajo.
Respeto a sus derechos.
Respeto a su dignidad.
Y cuando alguien denuncia que ese respeto desapareció, la obligación de la institución no es mirar hacia otro lado.
Es investigar.
Porque cuidar al servidor público también es cuidar el servicio público.
