La sesión del pasado viernes en el SIAPA sí movió las cosas. La Junta de Gobierno aprobó aplicar el descuento del 80 por ciento en el recibo del agua a 203 colonias, y abrió la puerta a revisar otras que quedaron fuera. Reconocer el avance no cuesta nada. Lo que sigue costando es entender con qué criterio se decide qué colonia sí y cuál no.
El descuento viene de un decreto del Congreso del Estado y aplica hasta octubre, para usuarios domésticos y pequeños comercios cuyo consumo promedio no rebase 25 metros cúbicos al mes. La industria y los grandes consumidores quedan fuera. Hasta ahí, todo claro.
El problema empieza con el número. La Comisión Estatal de Derechos Humanos había señalado que recibió quejas por mala calidad del agua o falta de abasto en al menos 600 colonias. Después el Gobierno del Estado planteó 203, y ese criterio fue el que prevaleció. De las 243 que la propia CEDHJ propuso formalmente, quedaron 203.
Aquí conviene leer el decreto, porque no dice lo que se está aplicando. El acuerdo del Congreso ordena al SIAPA usar varios elementos para determinar qué colonias están afectadas: reportes de incidencias, información de sus áreas técnicas, monitoreos de calidad del agua y cualquier otro dato que identifique a los usuarios afectados, además de lo aportado por Derechos Humanos. La lista de la CEDHJ era un insumo, no el techo. Tomarla como techo, y encima recortarla, fue decisión del organismo, no mandato de la ley.
Por eso los reclamos en la sesión no fueron un berrinche político. Tlaquepaque llegó con un dato duro: en el listado original aparecían apenas 22 de sus colonias, cuando el municipio tiene identificadas cerca de 180 más con reportes, donde viven alrededor de 400 mil personas. Guadalajara, por voz de su jefe de gabinete Bernardo Fernández Labastida, señaló que hay 221 colonias que ni siquiera entraron al documento de la CEDHJ, de modo que tampoco podían estar en la lista final. Tonalá expuso que la colonia Jalisco, con más de 100 mil habitantes, aparece en los registros del SIAPA como asentamiento inexistente. Y la representación de Juanacatlán calificó de usura los cobros que recibe el municipio, con intereses que superan por mucho la cuota principal.
La voz más dura fue la de la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, que acusó al organismo de incurrir en “una negligencia criminal, una omisión dolosa y una violación sistemática de derechos humanos” por no haber integrado él mismo el listado de colonias con reportes. Fue ella quien llevó identificaciones y recibos a la mesa para demostrar que las colonias declaradas inexistentes sí tienen habitantes.
El señalamiento tiene sustento, y hay que decirlo. Pero conviene medir el resultado con la misma vara con que se midió el reclamo: las 180 colonias de Tlaquepaque no entraron al listado aprobado, entraron a revisión. Son dos cosas distintas. Si en la lista definitiva aparecen, habrá sido gestión y habrá que reconocerlo. Si no aparecen y el asunto se apaga, habrá sido reflector. En un mes se sabrá cuál de las dos, y esa es la parte que a los vecinos les toca vigilar, porque el descuento no lo cobra el discurso: lo cobra el recibo.
Queda además un pendiente de transparencia que nadie ha resuelto. El acuerdo pasó con 18 votos a favor y dos abstenciones, pero el acta con el desglose de la votación no se ha hecho pública. Quién se abstuvo, y por qué, es información de interés para cualquiera que reciba agua turbia en esta ciudad. El SIAPA debería publicar el acta completa sin esperar a que se la soliciten por transparencia.
El dato más incómodo de la sesión es ese: 32 colonias fueron excluidas bajo el argumento de que no existen. Una colonia que recibe recibo existe para cobrar. Que no exista para descontar es un problema de padrón, y un padrón mal hecho no es un detalle administrativo: es la base sobre la que se decide quién paga y quién no.
Dicho todo eso, el saldo no es negativo. Se acordó que la lista no es definitiva: se revisará cada mes, los municipios podrán proponer nuevos casos y las colonias que se incorporen podrán aplicar el descuento de manera retroactiva. Eso es lo que debía ocurrir y no había ocurrido. La prueba llega con la lista definitiva: ahí se sabrá si la revisión fue real o una forma elegante de ganar tiempo.
Hay además una parte de la conversación que casi nadie quiere tener. El descuento cuesta, y el organismo tiene que sostenerse con algo. La ruta correcta no es cobrarle más al que ya paga, sino cobrarle al que no paga.
Lo exigible es concreto. Que la lista definitiva se publique con el criterio técnico al lado de cada colonia: por qué entró y por qué salió. Que se informe cuántas colonias con reportes quedaron fuera, empezando por las catalogadas como inexistentes. Y que junto con el descuento se haga público el padrón de grandes morosos.
El problema del agua es de todos y la solución también. Pero una solución que empieza por discutir si una colonia existe o no existe todavía no es una solución: es un inventario mal hecho.
