El caso de Ernesto Ruffo Appel merece un punto y aparte. No porque su trayectoria política sea irrelevante, sino porque convertir automáticamente su detención en una persecución política impide discutir lo verdaderamente importante: las acusaciones penales que enfrenta y las pruebas que deberá presentar la Fiscalía.
El exgobernador de Baja California fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente quedó sujeto a prisión preventiva en el penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República lo acusa, junto con otras personas, de delincuencia organizada y contrabando relacionado con una presunta red de huachicol fiscal.
Después, una jueza determinó vincularlo a proceso. Esto significa que encontró datos suficientes para que la investigación continúe formalmente bajo control judicial. No significa que Ruffo haya sido declarado culpable: esa responsabilidad solamente podría establecerse mediante una sentencia dictada después del proceso correspondiente.
La precisión es indispensable. Defender la presunción de inocencia no obliga a descalificar la investigación; del mismo modo, aceptar que existen acusaciones sustentadas ante una jueza no autoriza a presentar al imputado como culpable antes de tiempo.
Somos México, organización política en cuyo Consejo Consultivo participaba Ruffo, exigió su liberación inmediata y calificó la detención como arbitraria y políticamente motivada. La propia organización sostuvo que el exgobernador ya había explicado su relación con la empresa vinculada a las investigaciones.
La defensa política, sin embargo, no sustituye a la jurídica. Decir “persecución” no demuestra que las pruebas sean falsas, que la jueza carezca de competencia o que la Fiscalía haya fabricado el expediente. Para sostener seriamente esa acusación tendrían que exhibirse irregularidades concretas: pruebas manipuladas, violaciones procesales, testigos fabricados o una actuación selectiva claramente acreditada.
Hasta ahora, el dato objetivo es otro: existe una investigación iniciada antes de la detención, una imputación por delitos federales, una medida cautelar y una vinculación a proceso. La FGR afirma que no se le persigue por sus ideas o vínculos partidistas, sino por su probable participación en conductas delictivas; también asegura que se respetaron sus derechos y la presunción de inocencia. Esa versión deberá sostenerla con pruebas ante el Poder Judicial.
También debe considerarse el contexto político. Ruffo fue una figura histórica del PAN y el primer gobernador de oposición que rompió décadas de dominio priista en una entidad. Sin embargo, antes de su detención no ocupaba el centro cotidiano de la confrontación contra el Gobierno federal. Su incorporación a Somos México lo mantenía políticamente activo, pero no lo convertía por sí sola en el adversario más visible o peligroso para el oficialismo.
Por eso resulta insuficiente afirmar que fue detenido solamente por pertenecer a una fuerza opositora. Su trayectoria puede explicar la repercusión política del caso, pero no borra el contenido de la carpeta penal.
La investigación relaciona a Ruffo con Ingemar, empresa señalada por operaciones presuntamente vinculadas con la importación y comercialización irregular de combustibles. Reportes periodísticos ubican este expediente dentro de varias investigaciones federales sobre redes de contrabando de hidrocarburos que utilizaron rutas terrestres, ferroviarias y marítimas.
Durante años, la oposición exigió que las autoridades investigaran el huachicol fiscal, identificaran a sus beneficiarios y procedieran incluso contra figuras políticas. La exigencia era correcta. Pero una investigación de esta naturaleza no puede considerarse legítima solamente cuando alcanza a funcionarios del partido gobernante y convertirse en persecución cuando toca a una figura opositora.
La justicia no puede depender del color partidista del imputado.
Tampoco debería utilizarse la detención de Ruffo para absolver anticipadamente a quienes estén vinculados con el oficialismo. Las redes de contrabando de combustibles investigadas incluyen empresarios, funcionarios, operadores aduanales y miembros de instituciones públicas. El estándar debe ser el mismo para todos: investigar, procesar cuando existan elementos y sancionar únicamente cuando la responsabilidad quede demostrada.
El caso Ruffo no demuestra por sí mismo que toda la oposición sea corrupta, como tampoco una acusación contra un funcionario gubernamental convierte automáticamente a todo el Gobierno en una organización criminal. Las responsabilidades penales son personales y deben probarse individualmente.
Lo que sí deja este episodio es una advertencia para todos los partidos: antes de presentar a cualquiera de sus integrantes como víctima política, deben revisar los hechos, conocer el expediente y preguntarse quiénes forman parte de su entorno.
La conocida sentencia conserva plena vigencia: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La recomendación alcanza a dirigentes, antiguos colaboradores y círculos cercanos de expresidentes de cualquier partido. La justicia que se exige para el adversario también debe aceptarse cuando toca la puerta propia.
Ruffo tiene derecho a defenderse, controvertir las pruebas y exigir un juicio imparcial. La Fiscalía, por su parte, tiene la obligación de demostrar cada acusación sin propaganda, filtraciones interesadas ni atajos procesales.
No estamos ante una sentencia definitiva. Estamos ante un proceso penal por acusaciones graves. Respetar esa diferencia es precisamente lo que separa la justicia de la venganza y la objetividad de la consigna.
