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Manifestarse no es delito

Manifestarse no es delito

El pasado domingo 11 de octubre, miles de ciudadanos salieron a las calles de Guadalajara para exigir algo tan elemental como recibir agua limpia en sus hogares. Una exigencia legítima, sustentada en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, que terminó empañada por enfrentamientos, personas lesionadas y decenas de detenidos.

Pero lo sucedido frente a Casa Jalisco merece un análisis que vaya más allá de las imágenes de violencia y de las acusaciones políticas.

Considero que debemos distinguir tres cuestiones fundamentales: el derecho constitucional a manifestarnos, la participación de grupos que recurren a la violencia y la responsabilidad de las autoridades cuando utilizan la fuerza pública.

El derecho a manifestarse

El artículo 9 constitucional reconoce el derecho de las personas a reunirse pacíficamente con un propósito lícito. Por su parte, los artículos 6 y 7 protegen las libertades de expresión y difusión de las ideas.

Esto significa que manifestarse para exigir agua limpia no constituye un delito. Por el contrario, representa el ejercicio de derechos fundamentales que las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar.

Desde luego, ninguna manifestación concede autorización para lesionar personas, destruir bienes o cometer delitos. Pero tampoco la conducta violenta de algunos participantes permite responsabilizar indiscriminadamente a todos los asistentes.

La responsabilidad penal es individual. Quien comete un delito debe responder por sus propios actos, no por encontrarse en el mismo lugar que otras personas que lo cometieron.

¿Quiénes provocaron la violencia?

Durante la manifestación se observó la participación de personas encapuchadas que protagonizaron enfrentamientos y el derribo de vallas frente a Casa Jalisco.

El gobernador Pablo Lemus atribuyó los disturbios a un grupo de choque integrado por aproximadamente 400 personas.

Pero hay una pregunta que considero indispensable responder: ¿quiénes eran y qué intereses representaban?

¿Se trató de un grupo organizado que pretendía desacreditar la movilización ciudadana? ¿Existió alguna intervención de actores políticos interesados en perjudicar al gobierno estatal? ¿O participaron personas que, por iniciativa propia, recurrieron a la violencia?

No tenemos elementos suficientes para afirmar ninguna de estas hipótesis.

Por eso considero necesario que la Fiscalía investigue, identifique a quienes participaron directamente en los actos violentos y determine si existió alguna organización detrás de ellos.

Lo que no resulta aceptable es utilizar la presencia de un grupo violento para descalificar una manifestación ciudadana legítima.

El uso de la fuerza pública

Aquí encuentro el aspecto más delicado de lo ocurrido.

El Estado tiene la facultad de intervenir cuando se cometen delitos, proteger a terceros y restablecer el orden público. Pero esa facultad no es ilimitada.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece los principios de legalidad, absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas.

Su artículo 27 dispone que la policía debe proteger las manifestaciones pacíficas. El artículo 28 establece que, cuando se presenten situaciones violentas, los agentes deben actuar conforme a los niveles de fuerza previstos en la propia ley.

Además, el artículo 30 exige identificar a los mandos responsables, contar con planes operativos y logísticos, establecer mecanismos de coordinación y prever el uso progresivo de la fuerza.

Es decir, los policías no pueden actuar conforme a su estado de ánimo, al calor de los enfrentamientos o mediante decisiones improvisadas.

Al revisar las imágenes difundidas de lo ocurrido frente a Casa Jalisco, considero que existen elementos suficientes para exigir una evaluación de la coordinación y actuación policial. Sin embargo, esa apreciación debe contrastarse con los planes operativos, las órdenes de mando y los reportes correspondientes.

No basta con observar a los agentes corriendo hacia las vallas. Debemos conocer qué instrucciones recibieron, quién las emitió y por qué se decidió utilizar determinados medios de dispersión.

El antecedente que no debemos olvidar

En junio de 2020, durante las manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, Guadalajara vivió otro episodio particularmente grave.

Jóvenes que acudían a manifestarse fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía Investigadora, algunos vestidos de civil y utilizando vehículos sin identificación oficial.

Diversas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad y posteriormente liberadas en distintos puntos de la ciudad.

Aquellos acontecimientos motivaron investigaciones de organismos defensores de derechos humanos. Incluso fueron detenidos el comandante Salvador Perea Rodríguez y otro agente investigador.

El entonces gobernador Enrique Alfaro reconoció públicamente que existían indicios de una posible infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía.

No debemos confundir aquella sospecha del gobernador con una conclusión judicial sobre la identidad de quienes ordenaron los hechos.

Pero existe un antecedente documental todavía más importante.

En noviembre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 82/2021, dirigida al gobierno de Jalisco.

Entre otras medidas, solicitó revisar y armonizar el protocolo para el control de multitudes o elaborarlo si no existía.

Han pasado casi cinco años.

Y hoy debemos preguntar qué ocurrió con aquella recomendación.

En junio de este mismo año, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, aseguró que Jalisco contaba con un protocolo de actuación para marchas y manifestaciones.

Entonces corresponde exigir que ese documento sea público, que se acredite la capacitación de los policías y que se explique de qué manera se aplicó durante los acontecimientos del 11 de octubre.

Detener no significa demostrar culpabilidad

Las autoridades reconocieron inicialmente 39 personas detenidas, mientras que organizaciones civiles reportaron cifras superiores.

También fueron denunciadas agresiones contra personas bajo custodia policial y posibles obstáculos para el ejercicio de su defensa.

Estos señalamientos deben investigarse.

Si existen pruebas de que una persona lesionó policías, causó daños o participó en otros actos delictivos, corresponde al Ministerio Público investigar y, cuando proceda, formular las imputaciones respectivas.

Pero si alguien fue detenido únicamente por encontrarse cerca de los disturbios, por documentarlos o por ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse, su detención debe revisarse y, de resultar ilegal, generar las responsabilidades correspondientes.

Lo mismo debe ocurrir con cualquier elemento policial que haya empleado fuerza excesiva o participado en agresiones contra personas detenidas.

Una propuesta concreta

Considero indispensable que el gobierno de Jalisco haga público el protocolo utilizado para atender manifestaciones, identifique a los mandos responsables del operativo del 11 de octubre y presente los informes que legalmente deben elaborarse cuando se utiliza la fuerza.

Asimismo, debe informar cómo dio cumplimiento a la Recomendación 82/2021 de la CNDH y a las obligaciones de actualización y capacitación establecidas por la legislación nacional.

Propongo una revisión técnica independiente de la intervención policial, con participación de organismos de derechos humanos y especialistas, para determinar qué funcionó, qué falló y qué medidas deben adoptarse para evitar nuevos abusos.

La investigación también debe comprender a quienes ocasionaron lesiones y daños durante los enfrentamientos, independientemente de su posible filiación política.

No se trata de impedir que la policía cumpla sus funciones, sino de garantizar que lo haga profesionalmente y dentro de los límites constitucionales.

Porque no puede ser que una persona salga de su casa para exigir agua limpia y termine detenida injustamente.

Tampoco puede aceptarse que un policía resulte lesionado por cumplir legítimamente con su deber.

La autoridad tiene la obligación de garantizar ambos derechos: el de los ciudadanos a manifestarse y el de todas las personas a regresar a sus hogares con seguridad.

Y si después de lo sucedido en 2020 todavía no somos capaces de establecer y aplicar correctamente los protocolos de actuación policial, entonces el problema no está solamente en las calles.

Está también en las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia.

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Opiniones a título personal. Este contenido no constituye comunicación oficial de partido político ni de institución pública.