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Interinato bajo presión

Interinato bajo presión

Si no hay consenso, se puede alargar el interinato en el Instituto Nacional Electoral. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de sacar adelante la convocatoria para designar a quien ocupará definitivamente la presidencia del organismo, después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

El procedimiento está claramente establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución. La designación requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes. De no alcanzarse esa mayoría dentro de los plazos correspondientes, deberá recurrirse a la insaculación.

No sería la primera vez que esto sucediera. En marzo de 2023, Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE precisamente mediante ese mecanismo, después de que las distintas fuerzas políticas no lograron construir el acuerdo necesario para su designación.

Es legal el procedimiento, pero considero que no sería lo más conveniente ni sano para el Instituto ni para la democracia mexicana. Una cosa es contar con mecanismos constitucionales para resolver desacuerdos y otra muy distinta renunciar anticipadamente al diálogo.

Digo lo anterior porque la democracia se construye a diario entre las distintas fuerzas políticas. No basta con tener los votos necesarios para imponer una decisión. También debe existir la voluntad de construir acuerdos que fortalezcan la legitimidad de nuestras instituciones.

Morena y sus aliados pueden echar mano de su mayoría parlamentaria, pero deben tomarse muy en serio el papel que jugará el árbitro electoral en el ya iniciado proceso 2026-2027. La legalidad de una designación no elimina la necesidad de generar confianza ciudadana.

No olvidemos que el proceso electoral federal comenzó el pasado 10 de septiembre y que el 6 de junio de 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales. El INE necesita una conducción que garantice independencia, imparcialidad y certeza para todos los participantes.

El diputado Ricardo Monreal señaló que para diciembre estaría proyectándose el nombramiento de la nueva persona titular del Instituto. Particularmente, se ha planteado el 6 o 7 de diciembre como fecha tentativa, aunque ello dependerá del desarrollo del procedimiento legislativo.

Considero que la Cámara debe agotar sus posibilidades de alcanzar consensos y cumplir los plazos establecidos. La presidencia provisional puede mantenerse mientras se concreta la sustitución, pero no debe convertirse en una excusa para aplazar las decisiones que corresponde tomar al Poder Legislativo.

Mientras otra cosa no suceda, el proceso electoral sigue y quien hoy está a cargo, Blanca Yassahara Cruz García, tiene la enorme responsabilidad de conseguir que el Instituto se fortalezca ante la opinión y el sentir de los ciudadanos.

No puede darse el lujo Blanca Cruz de pasar por alto los presuntos actos de corrupción que han sido denunciados en relación con la administración de su antecesora. Son señalamientos graves que deben esclarecerse mediante investigaciones serias y apegadas a derecho.

El asunto ya tiene consecuencias institucionales. El Órgano Interno de Control informó sobre 18 expedientes relacionados con contrataciones, de los cuales cinco han avanzado a procedimientos de responsabilidad administrativa. Son actuaciones formales, aunque todavía no representan determinaciones definitivas de culpabilidad.

La propia Blanca Cruz anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar las posibles irregularidades. Es un paso necesario, pero deberá concretarse y acompañarse de una colaboración institucional efectiva.

No corresponde a Blanca Cruz resolver ni sancionar penalmente a quienes pudieran resultar responsables, pero sí facilitar que las autoridades competentes dispongan de toda la información necesaria. Las investigaciones deberán comprender a los servidores públicos, empresas y particulares que pudieran estar involucrados, sin prejuzgar su responsabilidad.

No puede quedar en el sueño de los justos las denuncias existentes por presuntos actos de corrupción. Debe sancionarse ejemplarmente, de acreditarse plenamente las responsabilidades, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas.

Estoy convencido de que el INE no necesita solamente una nueva presidencia. Necesita recuperar y fortalecer la confianza ciudadana. Para conseguirlo se requieren acuerdos políticos, transparencia administrativa, rendición de cuentas y una actuación verdaderamente independiente.

El relevo institucional y las investigaciones deben avanzar por sus propios cauces, sin interferirse mutuamente. La democracia mexicana necesita un árbitro electoral confiable, no una institución atrapada entre las disputas partidistas y las sospechas de corrupción.

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Opiniones a título personal. Este contenido no constituye comunicación oficial de partido político ni de institución pública.