El operativo realizado la mañana del domingo 26 de julio en Zapopan no fue una movilización ordinaria. Helicópteros, vehículos blindados y elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República intervinieron simultáneamente tres inmuebles.
Aunque inicialmente se habló de Ciudad del Sol, la información oficial ubica las acciones principales en las colonias Mirador del Sol y La Estancia.
El resultado fue la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad, presuntamente vinculadas con “Los Deltas”, una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron aseguradas diez armas largas, tres cortas, cargadores, municiones, drogas sintéticas, dinero en efectivo, equipo táctico, teléfonos, cuatro motocicletas y dos vehículos. Las autoridades investigan a esta red por robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.
La reserva con la que se planean estas intervenciones es comprensible. Avisar con demasiada anticipación, distribuir información entre numerosas oficinas o permitir filtraciones puede provocar fugas, destrucción de pruebas o una respuesta violenta.
Pero secrecía no significa aislamiento institucional.
El Gabinete de Seguridad informó que el operativo se realizó con apoyo del Gobierno de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus declaró que mantuvo comunicación directa con el secretario de Marina y con Omar García Harfuch para coordinar las acciones. Con la información pública disponible no puede afirmarse que el gobierno estatal haya sido excluido completamente, aunque tampoco se ha explicado desde qué momento conoció los detalles del despliegue.
Esa precisión importa. La seguridad no debe convertirse en una disputa política sobre quién fue informado primero. Lo fundamental es que las autoridades compartan inteligencia suficiente, protejan a la población y eviten que las investigaciones sean comprometidas desde dentro de las propias instituciones.
El operativo tampoco puede analizarse como un hecho aislado.
Tres días antes, el 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la mayor acción financiera emprendida hasta ahora contra el CJNG: más de 50 personas y empresas mexicanas fueron sancionadas por su presunta participación en estructuras de liderazgo, tráfico de drogas y financiamiento ilícito.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el cártel utiliza métodos sofisticados de lavado de dinero y ha diversificado sus ingresos mediante el contrabando de combustibles, la extorsión y los fraudes relacionados con tiempos compartidos.
El 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a dos personas y nueve empresas relacionadas con un esquema de contrabando de combustible. La operación habría utilizado documentos aduanales falsos, empresas fachada y evasión fiscal para producir decenas de millones de dólares anuales; uno de los esquemas señalados generaría cientos de millones.
En febrero, otras cinco personas y 17 compañías fueron sancionadas por una red de fraudes con tiempos compartidos. Los reportes de operaciones sospechosas revisados por las autoridades financieras estadounidenses identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en movimientos potencialmente relacionados con esos engaños.
No existe, hasta ahora, información oficial que conecte directamente esas sanciones con los cateos del domingo en Zapopan. Sin embargo, ambos acontecimientos muestran hacia dónde debe dirigirse la estrategia: no solamente contra quienes portan las armas, sino contra quienes pagan nóminas, compran vehículos, consiguen inmuebles, blanquean ganancias y administran empresas aparentemente legales.
Los antecedentes demuestran que “Los Deltas” no son una organización desconocida para las autoridades.
El 28 de octubre de 2024 fue detenido Armando “N”, conocido como “Delta 1” o “Máximo”. La Secretaría de la Defensa lo identificó entonces como coordinador de esa célula, tercero en la estructura del CJNG en la Zona Metropolitana de Guadalajara y responsable de actividades relacionadas con homicidios, secuestros y extorsiones.
En marzo de 2026, el Gobierno federal informó sobre otra intervención en Zapopan que dejó diez detenidos presuntamente vinculados con tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, extorsión y secuestro. En aquella acción se aseguraron ocho armas, mil 200 dosis de metanfetamina, vehículos y dos camionetas blindadas.
En operativos adicionales efectuados en Tlaquepaque y Tlajomulco fueron detenidas cinco personas y se decomisaron más de 50 mil litros y 87 mil kilogramos de precursores químicos.
Los números revelan una estructura mucho más amplia que un grupo de hombres armados. Hay laboratorios, transporte, inmuebles, tecnología, empresas, cuentas bancarias y redes internacionales.
También existe una responsabilidad pendiente en Estados Unidos. En febrero de 2026, la agencia estadounidense encargada del control de armas informó que, desde enero de 2025, había interceptado 4 mil 359 armas y casi 649 mil cartuchos que tenían como destino México. Son únicamente los cargamentos descubiertos, no la dimensión completa del tráfico.
Detener a seis integrantes de una célula criminal es importante. Asegurar trece armas también. Pero el éxito verdadero se medirá por las investigaciones que continúen después del despliegue: cuentas congeladas, bienes decomisados, empresas intervenidas, redes de corrupción identificadas y sentencias obtenidas.
Las organizaciones criminales pueden reemplazar rápidamente a un jefe, un sicario o un encargado territorial. Les resulta mucho más difícil reconstruir una red financiera sometida a vigilancia constante, recuperar empresas bloqueadas o sustituir rutas completas de suministro de armas, combustible y precursores.
Por eso creo que la ruta correcta consiste en golpear donde más les duele: el dinero.
La coordinación entre México y Estados Unidos debe mantenerse, pero con reglas claras, respeto a la soberanía y obligaciones compartidas. México debe combatir el lavado, la corrupción y el robo de hidrocarburos. Estados Unidos debe contener el tráfico de armas, perseguir a los intermediarios financieros y frenar el consumo que sostiene el negocio.
El operativo de Zapopan será relevante solamente si no termina con la fotografía de los detenidos. El verdadero resultado deberá encontrarse después, en los expedientes judiciales, en las cuentas bloqueadas y en las estructuras criminales que ya no puedan volver a financiarse.
