Hay nombramientos que duran una administración y otros que terminan alcanzando a la siguiente. El de Ernesto Santana Bracamontes pertenece a los segundos.
El nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco estará en el cargo hasta septiembre de 2033. Eso significa que no solamente tendrá bajo su responsabilidad la elección intermedia de 2027, cuando se renovarán el Congreso local y los 125 ayuntamientos, sino también el proceso de 2030 para elegir a quien encabezará el Gobierno de Jalisco durante los siguientes seis años.
No es una responsabilidad menor.
Santana llega, además, a un organismo que vivió un proceso electoral de 2024 particularmente cuestionado. Morena y su entonces candidata a la gubernatura denunciaron, entre otras cosas, intervención de servidores públicos, irregularidades en la actuación de las autoridades electorales y problemas relacionados con el manejo de la elección.
Pero también hay que decir algo que jurídicamente no puede esconderse: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de aquella elección y consideró insuficientes las pruebas presentadas para acreditar una actuación parcial de las autoridades electorales.
Por eso creo que el problema que recibe Ernesto Santana no consiste en volver a juzgar 2024. Consiste en algo más complicado: recuperar confianza.
Y esa confianza no se obtiene con discursos.
Se construye mediante decisiones claras, expedientes bien integrados, criterios consistentes, transparencia, profesionalismo y la capacidad de demostrar que las reglas se aplican igual para todos.
Su primera oportunidad está prácticamente encima.
El proceso electoral de 2027 renovará las 38 diputaciones locales y los 125 ayuntamientos. Ahí podremos observar cómo responde el Instituto frente a registros de candidaturas, quejas, medidas cautelares, organización electoral, PREP, cómputos y cualquier controversia que inevitablemente acompañará una elección competida.
También habrá que seguir sus primeras decisiones internas.
El presidente del IEPC no puede simplemente llegar y sustituir consejerías para integrar un equipo propio. Las consejerías son designadas por el INE. Pero sí tiene facultades para proponer al Consejo General perfiles para la Secretaría Ejecutiva y distintas áreas ejecutivas del Instituto.
Y existe un asunto pendiente particularmente relevante: la Secretaría Ejecutiva continúa bajo un encargado de despacho después de que dos propuestas anteriores no consiguieran los votos necesarios del Consejo General.
Ahí tendremos una primera señal.
No se trata de correr a quienes estaban antes ni de repartir cargos entre personas cercanas. Tampoco de asumir que quien permanece necesariamente forma parte de algún problema. Se trata de revisar perfiles, antecedentes, experiencia y resultados.
Quienes ocupen los puestos estratégicos de la autoridad electoral deben ofrecer algo elemental: capacidad profesional, independencia y probidad.
Santana dijo al asumir que la organización de las elecciones estaría guiada por certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Es una buena declaración de principios.
Ahora corresponde verificarla en los hechos.
La elección de 2027 será su primera prueba. La de gobernador en 2030 será probablemente la más importante de su gestión.
Por eso habrá que observar desde ahora qué cambia, qué conserva, a quién propone y, principalmente, cómo decide.
Porque en materia electoral la confianza no se decreta.
Se demuestra.


