Hay momentos en los que ejercer una facultad legal no necesariamente significa que sea políticamente prudente hacerlo. Creo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco atraviesa precisamente por uno de esos momentos.
El IEPC se encuentra actualmente bajo una presidencia provisional transitoria. Claudia Alejandra Vargas Bautista asumió esa responsabilidad después de la salida de Paula Ramírez Höhne y mientras el Instituto Nacional Electoral desarrolla el procedimiento para designar una presidencia definitiva.
No cuestiono que durante un interinato la institución tenga que seguir funcionando. Sería absurdo pretender que el IEPC detuviera sus actividades mientras llega una nueva presidencia. Pero mantener funcionando una institución no es lo mismo que definir apresuradamente su estructura.
La diferencia importa porque estamos prácticamente frente al inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que Jalisco renovará sus 125 ayuntamientos y las diputaciones del Congreso del Estado. Las decisiones administrativas de hoy tendrán efectos durante esa elección.
El pasado 11 de agosto vimos una muestra de esta tensión. El Consejo General discutió la propuesta de Juan Jesús Ramírez Ramírez para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Instituto, presentada desde la presidencia provisional.
La propuesta no consiguió los cinco votos requeridos para ser aprobada. Ahora la normativa establece que deberá presentarse otra persona dentro de los siguientes treinta días. Es decir, el asunto sigue abierto y puede volver muy pronto al Consejo General.
Hay que precisar algo importante. No es el INE quien designa al secretario ejecutivo del IEPC. La facultad corresponde al propio organismo local: la presidencia propone y el Consejo General decide mediante una mayoría mínima de cinco votos.
El INE sí establece las reglas que deben cumplirse para esas designaciones y, sobre todo, es responsable de seleccionar a quien ocupará definitivamente la Presidencia del Instituto Electoral de Jalisco durante los próximos años.
Por eso la pregunta no es solamente si Claudia Vargas tiene facultades para presentar estas propuestas. La pregunta que me parece mucho más relevante es si resulta prudente hacerlo cuando su propia responsabilidad al frente del Instituto es provisional.
La Secretaría Ejecutiva no es un escritorio administrativo cualquiera. Se trata de una posición fundamental dentro de la estructura institucional, vinculada con el funcionamiento cotidiano del organismo y con la ejecución de muchas de las decisiones tomadas por su Consejo General.
No es además el único movimiento. En aquella misma sesión fue aprobada la designación de Luis Enríquez Ortega como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Estadística, precisamente una de las áreas directamente vinculadas con la preparación de las elecciones.
No estoy afirmando que esas designaciones sean ilegales ni que las personas propuestas carezcan de capacidad. Tampoco existen elementos para sostener que haya detrás de ellas algún acuerdo político oculto. Hacerlo sin pruebas sería irresponsable.
Lo que sí sostengo es que estamos frente a decisiones que merecen mucha cautela. Un árbitro electoral debe cuidar no solamente la legalidad de sus actos, sino también la confianza y certeza que esos actos generan entre ciudadanos y actores políticos.
Desde fuera puede surgir inevitablemente una pregunta: ¿para qué apresurarse a cubrir posiciones estratégicas cuando en unas semanas podría llegar una nueva persona a encabezar el organismo y conducir todo el próximo proceso electoral?
Alrededor de estos movimientos ya existen interpretaciones políticas que hablan de un intento por dejar posiciones “amarradas” antes del relevo definitivo. Debo ser preciso: eso es hoy un trascendido y una interpretación política, no un hecho acreditado.
Pero las instituciones electorales deberían preocuparse precisamente por evitar condiciones que alimenten esa clase de sospechas. La credibilidad de un árbitro depende tanto de cumplir la norma como de impedir que sus decisiones parezcan responder a intereses ajenos a ella.
Quien resulte designado para presidir definitivamente el IEPC tendrá enfrente una institución que ya se encuentra preparando uno de los procesos más complejos de su responsabilidad constitucional. No llegará a administrar tiempos ordinarios. Llegará prácticamente a organizar una elección.
El INE fijó como límite el 30 de septiembre para realizar esa designación. Y ése es otro punto que no debemos perder de vista: el propio Instituto Nacional Electoral tiene también una responsabilidad y un reloj corriendo.
El proceso electoral local está previsto para iniciar formalmente en octubre. Por tanto, resultaría deseable que Jalisco llegue a ese momento con una presidencia definitiva, una estructura estable y acuerdos internos capaces de generar confianza entre todas las fuerzas políticas.
Por eso también creo que el mensaje debe dirigirse al INE: volteen a ver a Jalisco. Resolver oportunamente la presidencia del organismo local evitaría prolongar una condición de provisionalidad justo cuando comienza la etapa de mayor responsabilidad institucional.
No necesitamos un conflicto interno en el IEPC cuando debería estar concentrado en organizar elecciones. Mucho menos una disputa sobre nombramientos que termine consumiendo tiempo, confianza o acuerdos entre las consejerías cuando el calendario electoral ya comenzó a presionar.
La presidenta provisional tiene una responsabilidad delicada. Debe garantizar que el Instituto continúe funcionando, pero también actuar con la prudencia necesaria para no tomar decisiones que puedan interpretarse como un intento por condicionar a quien llegará después.
Las consejeras y consejeros tienen la misma obligación. Su voto no debe responder a prisas ni a cuotas, sino a la estabilidad de una institución cuya independencia será puesta a prueba durante los próximos meses.
Por eso creo que éste no es momento para madruguetes, reales o aparentes. Es momento de cautela, transparencia y acuerdos capaces de resistir el escrutinio público.
El IEPC será el árbitro de una competencia política intensa en 2027. Antes de exigir confianza a partidos, candidaturas y ciudadanos, debe empezar por cuidar la confianza en sus propias decisiones.
La ley establece quién puede nombrar. La responsabilidad institucional obliga a preguntarse cuándo conviene hacerlo.
Y hoy, con una presidencia provisional y otra definitiva a unas semanas de ser nombrada, la cautela electoral debería estar por encima de cualquier prisa por ocupar una silla.
