← Volver a opinión
General

Árbitro bajo sospecha

Árbitro bajo sospecha

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral tomó por sorpresa a más de uno. Otros ya la anticipaban y algunos la deseaban como su más grande anhelo. Lo cierto es que su salida ocurre en uno de los momentos más delicados para la institución encargada de organizar las elecciones en nuestro país.

Los señalamientos que pesan sobre su persona son graves. Se habla de posibles conflictos de interés, irregularidades en contrataciones públicas y presuntos vínculos con proveedores beneficiados por el organismo electoral.

Sin embargo, debo insistir en algo fundamental: la presunción de inocencia debe respetarse en todo momento. Las acusaciones, por graves que sean, no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad.

Corresponde a las autoridades competentes realizar una investigación diligente, exhaustiva, profesional, eficaz y eficiente, esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas irregulares o ilícitas, así como las responsabilidades que legalmente procedan.

La renuncia no puede convertirse en una forma de dar por concluido el asunto, mucho menos en una garantía de impunidad.

Pero existe otro problema que, desde mi perspectiva, merece especial atención: ¿quién asumirá definitivamente la presidencia del INE y qué garantías tendremos de su independencia frente al poder político?

El Consejo General ya designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Sin embargo, el nombramiento definitivo corresponde a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados cuentan con la mayoría legislativa necesaria para desempeñar un papel determinante en la decisión.

Recordemos que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia en abril de 2023 mediante un procedimiento de insaculación, después de que los diputados no consiguieron alcanzar un acuerdo. En aquel momento existieron señalamientos sobre una presunta cercanía con la llamada Cuarta Transformación, particularmente por sus vínculos familiares con funcionarios relacionados con Morena.

Aquellos señalamientos fueron insuficientes para que el Tribunal Electoral invalidara su designación.

Y aunque no podemos afirmar que una persona carezca de independencia por sus vínculos familiares o sus posibles simpatías políticas, tampoco podemos ignorar la importancia de que quien encabece al árbitro electoral ofrezca garantías públicas de imparcialidad.

Ahora estamos ante una nueva designación que deberá realizarse conforme al artículo 41 constitucional, mediante un procedimiento que contempla la evaluación de perfiles y una votación por mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes.

No obstante, la existencia de reglas constitucionales no basta, por sí sola, para garantizar una decisión independiente de los intereses partidistas.

La pregunta es inevitable: ¿buscarán los diputados elegir a una persona de reconocida capacidad, experiencia y autonomía, o terminarán privilegiando a alguien políticamente conveniente para la mayoría legislativa?

No estoy afirmando que vaya a suceder lo segundo. Sin embargo, sería temerario seguir poniendo en entredicho la imparcialidad del árbitro electoral precisamente cuando México ya se encuentra inmerso en el proceso electoral de 2026-2027.

Y no hablamos de una elección menor.

El próximo 6 de junio se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y numerosos congresos locales y ayuntamientos. En conjunto, estarán en disputa más de 19 mil cargos públicos.

La dimensión de esta elección exige una autoridad electoral con capacidad técnica, independencia y credibilidad.

Aquí no se trata de defender a Guadalupe Taddei ni de condenarla anticipadamente. Tampoco de descalificar a quienes eventualmente aspiren a sucederla.

Se trata de comprender que la confianza ciudadana en las elecciones depende también de la confianza que exista en quienes las organizan.

Por ello, considero indispensable que los diputados actúen con plena conciencia de su responsabilidad constitucional. La evaluación de los aspirantes debe ser transparente, rigurosa y sustentada en sus capacidades profesionales, antecedentes y conducta pública.

Ningún partido debería pretender convertir la presidencia del INE en una posición de control político.

Tampoco debemos olvidar que la fortaleza de la institución descansa en miles de trabajadores especializados, en procedimientos jurídicos y técnicos y en órganos colegiados que deben preservar su autonomía.

México necesita un árbitro electoral que garantice igualdad de condiciones, que no favorezca ni perjudique a ningún contendiente y cuyas actuaciones puedan ser examinadas públicamente.

La Cámara de Diputados tiene ahora una oportunidad para contribuir a recuperar la confianza ciudadana. También tiene la posibilidad de profundizar las sospechas.

La decisión será de los legisladores. Las consecuencias, de todos los mexicanos.

Porque si el árbitro llega cuestionado a las elecciones, cualquier decisión controvertida podrá convertirse en otro motivo de confrontación política.

Y eso, en una democracia, representa un riesgo que no deberíamos estar dispuestos a correr.

Sigue leyendo

Opiniones a título personal. Este contenido no constituye comunicación oficial de partido político ni de institución pública.