El agua sigue llegando sucia a distintas zonas de nuestra ciudad. Café, oscura, con sedimentos o con malos olores. Y a estas alturas pretender minimizar el problema sería tan absurdo como pedirle al ciudadano que no crea en lo que está viendo salir de su propia llave.
El SIAPA no ha logrado resolverlo. Esa es la primera realidad que debemos reconocer, sin importar colores partidistas. Además, estamos hablando de un derecho: la Constitución obliga al Estado a garantizar agua suficiente, salubre, aceptable y asequible.
La propia autoridad reconoce ya la gravedad del problema. El gobernador Pablo Lemus admitió que la ciudad atraviesa una crisis de agua potable y anunció una medida complicada: dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.
La consecuencia tampoco será menor. La Zona Metropolitana tendrá menos agua disponible y entrará en un esquema de rotación que, de acuerdo con lo anunciado por el Ejecutivo, podría prolongarse aproximadamente seis meses.
Es decir, no estamos frente a un problema que vaya a desaparecer mañana. Resolverlo exige infraestructura, dinero, operación, vigilancia sanitaria y coordinación entre distintas autoridades.
Mientras tanto, la paciencia de los ciudadanos llegó al límite. En los últimos días hemos visto bloqueos en vialidades importantes e incluso interrupciones en el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero.
Entiendo el enojo. Quien abre una llave, recibe agua oscura y además paga puntualmente su recibo tiene derecho a exigir respuestas. El problema comienza cuando una crisis de servicios públicos se convierte exclusivamente en combustible electoral.
La oposición ha incrementado la presión política. Legisladores de Morena, Futuro, Hagamos y PT han exigido comparecencias, transparencia y explicaciones; desde Morena también se ha planteado declarar una crisis sanitaria.
Ese cuestionamiento es legítimo. Para eso existe una oposición. Fiscalizar, exigir información y señalar las fallas del gobierno forma parte de una democracia.
Pero hay que distinguir una cosa de otra. Con la información que he revisado, no puedo afirmar que los partidos de oposición hayan organizado los bloqueos ciudadanos. Una acusación así necesita pruebas, no sospechas.
Tampoco sería correcto afirmar que no han planteado absolutamente nada. Han presentado exigencias institucionales y políticas. Lo que hasta ahora no encuentro es una propuesta hidráulica alternativa completa que diga qué hacer, cuánto cuesta, cuánto tarda y cómo se paga.
Y ahí está precisamente mi diferencia. Si se considera que las alternativas presentadas por el Ejecutivo son insuficientes, hay que demostrarlo y poner otra propuesta sobre la mesa. La crítica puede ser políticamente rentable; una solución necesita números, ingeniería y responsabilidades.
Eso tampoco significa extender un cheque en blanco al Gobierno del Estado. El plan presentado meses atrás ha recibido cuestionamientos sobre financiamiento, plazos y ejecución. También debe demostrar que las obras anunciadas resolverán realmente el problema.
Hoy todos deberían pensar que el color que hay que combatir no es naranja, guinda, rojo, azul o verde. Es el color cafesoso y oscuro del agua maloliente que está llegando a las casas.
El Gobierno debe resolver. El SIAPA debe rendir cuentas. La oposición debe fiscalizar y, además, proponer. Los municipios deben asumir la parte que les corresponde. Convertir el agua en otra batalla electoral no limpia una sola tubería.
Porque mientras unos calculan quién gana políticamente con la crisis, hay familias que ya pagan dos veces: pagan el recibo del agua y después compran garrafones, filtros o pipas porque dejaron de confiar en lo que sale de la llave.
La política puede competir por votos. En el agua debería competir por soluciones.


