Transparencia en espera

Jalisco apagó el ITEI, pero el Congreso no termina las reglas que deben garantizar el derecho a saber. Sin leyes secundarias, la rendición de cuentas queda muy coja otra vez.

Víctor González

6/5/2026

El Congreso de Jalisco sigue con una deuda abierta.

No es una deuda política menor. Es una deuda con el derecho de cualquier persona a saber qué hace el gobierno, cuánto gasta, a quién contrata, qué oculta y por qué.

Desde la extinción del ITEI, el estado necesita nuevas reglas para sostener el acceso a la información pública, la protección de datos personales y los mecanismos de revisión cuando una autoridad se niega a entregar información.

Ese era el trabajo.

Legislar.

No adornar el retraso.

Ha habido iniciativas, dictámenes, reuniones, declaraciones y jaloneos entre bancadas. Puede haber aportaciones buenas de cada grupo parlamentario. Nadie tendría por qué negarlo. Pero el punto de fondo sigue ahí: mientras las leyes secundarias no queden plenamente aprobadas y vigentes, Jalisco camina con una transparencia parchada.

Y eso tiene consecuencias.

Porque la transparencia no vive en los discursos. Vive en reglas claras, plazos, procedimientos, autoridades responsables y recursos eficaces para defender al ciudadano cuando el poder cierra la puerta.

Sin eso, la rendición de cuentas se vuelve una promesa bonita.

Y las promesas bonitas no revisan contratos.

No abren expedientes.

No explican licitaciones.

No obligan a un ayuntamiento, a una secretaría o a un organismo público a responderle a la gente.

El Congreso puede debatir todo lo que quiera. Para eso está. Pero debatir no es lo mismo que patear el bote. La esencia del Legislativo no es administrar desacuerdos eternos, sino convertir los acuerdos posibles en leyes.

Hoy Jalisco necesita certeza.

Necesita una ley que no simule transparencia. Una ley que no deje al ciudadano perdido entre ventanillas, criterios internos y autoridades que se vigilan a sí mismas. Una ley que garantice el derecho a preguntar, revisar, impugnar y exhibir lo que el poder preferiría guardar bajo llave.

Las fuerzas políticas tienen derecho a diferir.

Lo que no tienen es derecho a dejar en vilo un derecho ciudadano.

La transparencia no es un favor del Congreso.

Es una obligación constitucional.

Y cumplir también debería ser costumbre.

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