¿Quién vigila a los que deben vigilar?

El sistema público está lleno de vigilantes: el auditor fiscaliza, el contralor supervisa, el juez sanciona.
Pero pocas veces nos preguntamos algo esencial: ¿quién los vigila a ellos?

Cuando un órgano de fiscalización actúa con negligencia o deshonestidad, el daño no es solo institucional: es moral. Porque la ciudadanía pierde la fe en la justicia, y sin fe en la justicia, la democracia se convierte en trámite.

Los ciudadanos merecen saber que cada peso se revisa con rigor, que cada irregularidad tiene consecuencias, que los errores no se esconden bajo la alfombra.
Pero eso no sucede si los encargados de auditar son, a su vez, parte del problema.

La corrupción, cuando alcanza los niveles de fiscalización, se vuelve estructural.
Y lo estructural no se corrige con discursos, sino con sanciones, con transparencia y con valentía.

Por eso, debemos dejar de pensar que la auditoría es un asunto técnico y entenderla como un asunto ciudadano.
El dinero que se revisa es el nuestro.
Las obras que no se hacen son las que nos faltan.
Las omisiones que se encubren son las que pagamos todos.

La pregunta no es solo quién vigila a los que deben vigilar, sino quién se atreve a hacerlo cuando todos temen señalar.
Yo elijo hacerlo, porque el silencio también cuesta, y cuesta demasiado.