¡Que para el 2028!

¡Que para el 2028!

En los pasillos del Congreso del Estado de Jalisco corre un rumor inquietante: posponer hasta 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial local dentro de la reforma judicial estatal.

Si esa versión se confirma, no sólo sería políticamente cuestionable. También podría contradecir la reforma constitucional federal aprobada en 2024, que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros como parte de la reorganización del Poder Judicial en México.

Esa reforma —impulsada en su momento por el Congreso de la Unión— modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para rediseñar el sistema judicial y fijar procesos electorales escalonados. Bajo ese marco, los estados deben armonizar sus constituciones locales para que la elección judicial ocurra conforme al nuevo modelo. Retrasar la elección hasta 2028 podría significar una armonización tardía o incompleta, con efectos jurídicos serios.

El principio básico del federalismo constitucional es claro: la Constitución federal prevalece sobre las constituciones estatales. Si un estado demora o distorsiona la adecuación constitucional, se abre un escenario de incertidumbre jurídica:

• normas locales que podrían ser impugnadas,

• leyes secundarias que podrían volverse inaplicables,

• y procesos judiciales bajo un marco institucional incompleto.

En términos prácticos, no adaptar a tiempo el sistema judicial local puede dejar al estado en un limbo normativo. Los tribunales seguirían operando bajo reglas anteriores mientras la Constitución federal ya exige otro modelo.

El contexto político tampoco ayuda a disipar sospechas. En Jalisco, la reforma judicial local lleva meses atorada en el Congreso, pese a haber sido presentada desde 2025 por el gobierno estatal. Mientras tanto, la comunidad jurídica local tiene perfectamente identificados nombres, trayectorias y redes de poder dentro del Poder Judicial estatal.

Durante años, Jalisco fue considerado semillero de juristas influyentes y de innovaciones legislativas. Hoy, el debate parece girar menos en torno al diseño institucional y más en torno al control político del Poder Judicial.

Y ahí aparece la sombra del pasado reciente. Durante el gobierno de Enrique Alfaro, distintos sectores acusaron que el sistema judicial local quedó políticamente alineado con intereses de su grupo político, Movimiento Ciudadano.

Si ahora se intenta retrasar la elección judicial hasta 2028, la pregunta inevitable es si se trata de un ajuste técnico… o de ganar tiempo para preservar ese equilibrio de poder.

Porque cuando una reforma constitucional exige cambios inmediatos y un estado decide postergarlos, el problema deja de ser jurídico.

Se vuelve político.

Y en Jalisco, últimamente, la política suele llegar primero que el derecho.