Otra vez el SIAPA
Agua sucia, deudas millonarias sin cobrar, tomas clandestinas, descargas ilegales y plantas inservibles: el SIAPA se hunde entre omisiones y pretextos. Mientras tanto, la deuda y la sombra de una privatización empiezan a oler peor que el agua.
Víctor González
3/16/2026


Otra vez el SIAPA. Otra vez el agua que no cumple con lo mínimo: potable, limpia, inodora e incolora. Y otra vez la misma coartada oficial: que no hay dinero, que la infraestructura está vieja, que el problema es gigantesco. El director general del organismo, Antonio Juárez Trueba, ha reconocido públicamente que la crisis requiere una reingeniería de más de 80 mil millones de pesos y que la infraestructura obsoleta está detrás de la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana.
El problema es que el discurso financiero ya no alcanza para esconder el tamaño del fracaso operativo. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso local, Juárez Trueba informó que la cartera vencida del SIAPA asciende a 19 mil 500 millones de pesos, aunque de ese monto sólo serían cobrables 11 mil 719 millones, porque una parte ya prescribió. Es decir: no sólo faltan recursos; también se dejaron pudrir. El propio Congreso señaló que esa reunión buscaba revisar obligaciones incumplidas del organismo en plena crisis del agua.
Y ahí está una de las preguntas más incómodas: si el SIAPA dice que no tiene dinero para corregir fugas, renovar tuberías, modernizar plantas o garantizar agua decente, entonces ¿por qué no ha podido recuperar con eficacia lo que le deben? Ya desde 2025 el propio organismo advertía que miles de millones estaban en riesgo de prescribir. A eso se suman adeudos de entes públicos; columnas y reportes periodísticos recientes han señalado pasivos de ayuntamientos, dependencias estatales y universidades, incluida la UdeG, cuyo adeudo fue reportado el año pasado en 903 millones de pesos.
Pero el dinero no es el único boquete. En estos días también salieron a flote las tomas clandestinas y el otro negocio mugroso: las descargas ilegales que contaminan cauces y arroyos. Reportes recientes documentan descargas irregulares en el Arroyo Seco y tomas clandestinas de drenaje de entre seis y ocho pulgadas, que vierten aguas residuales directamente al cauce; además, medios locales consignaron que el propio director del SIAPA habló ante diputados de tomas clandestinas detectadas. Cuando ese mugrero termina en canales y cuerpos receptores conectados al sistema, el problema ya no es sólo de suministro: también es de saneamiento y de salud pública.
Y luego viene el otro dato que huele mal: mientras la ciudad recibe agua turbia y con olor, el SIAPA abre la puerta a más financiamiento. Juárez Trueba no descartó contratar deuda para proyectos destinados a mejorar la calidad del agua. Al mismo tiempo, se documentó que el plan para “capitalizar” al organismo contempla fondos públicos, recursos propios y también financiamiento. Traducido: otra vez aparece la tentación de endeudar al sistema —y con él, indirectamente, a Jalisco— para intentar corregir un desastre que también tiene origen en omisiones, mala cobranza y fallas de control.
La lectura política es dura, pero bastante clara. Hay dos rutas que hoy se asoman y las dos son peligrosas. La primera: repetir la receta de patear el problema con deuda, como ya ocurrió en otras etapas del estado. La segunda, que aquí presento como inferencia política, es llevar al organismo al límite de su desprestigio y su asfixia financiera para que luego aparezca como “inevitable” la salida de concesionar o privatizar parte del servicio. No encontré una declaración oficial que anuncie esa privatización hoy; eso no consta. Lo que sí consta es la crisis operativa, financiera y de confianza que puede volver vendible esa narrativa.
Porque cuando un organismo no puede garantizar agua limpia, no puede cobrar buena parte de lo que le deben, no frena el robo ni las descargas clandestinas y además plantea deuda como salida, ya no estamos ante una simple falla técnica. Estamos ante un terreno fértil para decisiones de alto riesgo público.
Y ambas, de arranque, huelen a corrupción.
