Multas como negocio

La historia ya nos dio una lección: las foto infracciones no reducen los accidentes viales como se anunció en su momento.
En distintos contextos terminaron operando como mecanismos de recaudación, no como políticas públicas eficaces de seguridad vial.

La promesa fue prevención.
El resultado, ingresos.

Cuando la meta contradice el objetivo

Una política de seguridad vial debería tener una lógica sencilla: menos infracciones, menos accidentes.
Pero cuando el propio diseño del programa fija metas anuales de sanciones, el objetivo se invierte.

Si el éxito del sistema se mide por cuántas infracciones se generan, no por cuántos accidentes se evitan, entonces ya no estamos frente a una política preventiva. Estamos frente a un modelo de cobro.

Y ese es el problema de fondo.

Externalizar la sanción, privatizar el incentivo

En esta administración estatal se decidió encargar el sistema a una empresa privada, a la que se le pagarán millones de pesos por operar el esquema.

Aquí el incentivo es claro:
la empresa gana si multa, no si reduce accidentes.

Cuando el ingreso del proveedor depende del volumen de sanciones, el ciudadano deja de ser sujeto de protección y pasa a ser fuente de ingresos. Llueva, truene o relampaguee.

La cifra que prende alertas

Que se hable de una meta de cientos de miles de infracciones al año no es un detalle menor.
Es una señal de diseño.

Ninguna política seria de seguridad vial debería partir de la idea de que medio millón de personas violarán la norma cada año.
Si eso ocurre, hay dos opciones:
o la política está mal diseñada,
o el objetivo nunca fue la seguridad.

Lo legal no siempre es lo legítimo

Puede haber contratos, licitaciones y cláusulas.
Puede haber reglamentos y justificaciones técnicas.

Pero eso no responde la pregunta central:
¿esto protege vidas o recauda dinero?

Cuando una política pública se sostiene más por sus ingresos que por sus resultados sociales, el debate deja de ser técnico y se vuelve político y ético.

Lo que debería discutirse

La discusión no es si alguien cometió una infracción.
La discusión es si el Estado puede convertir la vigilancia vial en un modelo de negocio, trasladando el costo a los ciudadanos bajo el discurso de seguridad.

Las reglas del tránsito importan.
La seguridad vial importa.

Pero también importa que no se confunda prevención con caja registradora.

Ahí está el verdadero debate.
Y es uno que merece hacerse antes de normalizar otro esquema que, con el tiempo, volverá a mostrar lo que ya hemos visto:
más multas,
más ingresos,
y los mismos accidentes.