Las maquinitas que nadie quiere tocar

Desde hace años, las maquinitas tragamonedas dejaron de ser un detalle menor en tiendas de barrio y pequeños comercios. Hoy son, para mí, el retrato de una autoridad que ve un problema, lo reconoce en público y aun así sigue sin resolverlo de fondo.

En Jalisco, el propio gobierno estatal ha pedido a los alcaldes firmar convenios para facilitar operativos de retiro; además, la Secretaría de Seguridad reportó que en 2025 fueron aseguradas y destruidas 605 máquinas en el Área Metropolitana de Guadalajara, y que en lo que va de 2026 se han retirado al menos 94, principalmente en Guadalajara y Zapopan.

Lo primero que hay que decir con claridad es esto: cuando hablamos de juegos con apuestas, sorteos y permisos, la competencia principal es federal. La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que los juegos de azar y con apuestas están prohibidos salvo las excepciones permitidas por la propia ley, y señala que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de esos juegos. Además, ningún lugar puede operar juegos con apuestas sin permiso de Gobernación. El Reglamento es todavía más claro: las máquinas tragamonedas están prohibidas en cualquiera de sus modalidades.

Entonces, si el marco legal federal es tan claro, ¿por qué seguimos viendo estas máquinas como parte del paisaje cotidiano? Porque una cosa es tener la norma y otra tener voluntad política para aplicarla.

El propio secretario de Seguridad de Jalisco explicó que, para asegurar y destruir estas máquinas dentro de establecimientos, necesitan la participación de las áreas municipales de Inspección y Vigilancia; también señaló que, al tratarse de una actividad regulada por la ley federal, la Fiscalía General de la República actúa cuando existe denuncia. Es decir: la Federación tiene la competencia central, pero en la práctica el Estado reclama que sin el municipio no alcanza a entrar con toda la fuerza necesaria.

Ahí está, para mí, el verdadero tamaño del problema. No estamos frente a un vacío legal. Estamos frente a una cadena de evasiones. La Federación regula, pero no aparece con la contundencia que el tema exige. El Estado denuncia el problema, pero insiste en que necesita convenios para ampliar su margen operativo. Y los municipios, que tendrían que ser los primeros en cuidar lo que pasa en sus calles y comercios, se mueven con una lentitud que ya no puede explicarse sólo como burocracia.

En febrero, el gobernador Pablo Lemus lamentó que los municipios metropolitanos no hubieran firmado ese convenio; semanas después, la Secretaría de Seguridad siguió presionando para que los alcaldes tomaran la iniciativa y lo formalizaran.

Aquí es donde debe entrar la cautela, pero no la ingenuidad. Cuando la propia autoridad estatal dice que estas máquinas forman parte de una economía criminal y el gobernador afirma que el Centro Nacional de Inteligencia las ha identificado como una fuente de financiamiento del crimen organizado, pero aun así nadie quiere entrarle de lleno, lo que la ciudadanía recibe es un mensaje devastador: o hay miedo, o hay tolerancia, o hay una mezcla de ambas. Y cualquiera de las dos cosas es gravísima.

Eso es lo que más me preocupa. Porque si la autoridad le teme a los grupos criminales, entonces el ciudadano común queda completamente expuesto. Y si no es miedo, sino comodidad política o cálculo para no tocar intereses, el problema es todavía peor: significaría que el Estado ha decidido convivir con una actividad ilegal mientras simula combatirla.

Las maquinitas no son sólo fierros con luces. Son dinero en efectivo, difícil de rastrear, operando a pie de calle, normalizado frente a niñas, niños y adolescentes. Por eso no es un asunto menor de reglamentos: es seguridad, legalidad y control del territorio.

Yo creo que ya no alcanza con declaraciones. Si de verdad quieren combatir este negocio, lo mínimo exigible es transparencia total: qué municipios ya firmaron, cuáles no, cuántos operativos se han hecho, cuántas máquinas se han decomisado por municipio, cuántas denuncias se han presentado ante la FGR y qué resultados concretos existen. Sin eso, todo termina pareciendo un intercambio de culpas: la Federación esperando denuncias, el Estado esperando convenios y los municipios esperando que el costo político lo pague otro. Mientras tanto, el negocio sigue prendido y cobrando monedas.

A mí me parece que el fondo de este tema es muy sencillo: cuando una actividad está prohibida por la norma, señalada por la autoridad y visible en la calle, pero sigue ahí durante años, el problema ya no es jurídico. El problema es político. Y cuando el poder no toca lo que claramente debe tocar, la pregunta inevitable no es sólo quién tiene la facultad. La pregunta real es: ¿quién no quiere ejercerla?

¿En tu colonia siguen operando estas máquinas? ¿Has visto operativos reales o sólo declaraciones? Leer lo que pasa en la calle también ayuda a entender dónde está fallando la autoridad.