La tardía reforma judicial en Jalisco

Durante décadas, Jalisco fue sinónimo de pensamiento jurídico serio. De aquí salieron juristas que marcaron escuela a nivel nacional: académicos, juzgadores y abogados que entendían al derecho no como un instrumento de poder, sino como un contrapeso real. Esa tradición no nació por casualidad; se construyó con rigor, autonomía y respeto a la división de poderes.

Hoy, esa herencia está en riesgo.

Desde que se aprobó la reforma constitucional en materia judicial a nivel federal, el debate en Jalisco no ha avanzado con la seriedad que el momento exige. Al contrario, lo que vemos es una reforma local tardía, entrampada y politizada, más preocupada por conservar inercias que por transformar de fondo al Poder Judicial.

No se trata de una omisión menor. Se trata de una decisión política.

Mientras otros estados discutieron abiertamente los mecanismos, los tiempos y las garantías para implementar la reforma, en Jalisco el proceso parece caminar con freno de mano. El mensaje implícito es preocupante: no hay prisa cuando lo que está en juego es el control.

Y aquí es donde está el verdadero fondo del problema.

El Gobierno del Estado de Jalisco parece más enfocado en responder una pregunta incómoda —¿cómo conservar el control del Poder Judicial como hasta hoy se ha tenido?— que en la pregunta correcta —¿cuál es el mejor método para elegir a 34 magistradas y magistrados y cerca de 200 juezas y jueces?—.

Esa diferencia no es retórica. Es estructural.

La reforma judicial no puede reducirse a un simple rediseño administrativo ni a una simulación de apertura. Implica repensar quién elige, cómo se elige y con qué controles democráticos. Implica aceptar que el Poder Judicial debe dejar de ser un espacio de cuotas, lealtades políticas o premios de consolación.

Elegir a decenas de magistrados y cientos de jueces no es un trámite. Es una decisión que marcará la justicia en Jalisco por generaciones.

Por eso resulta alarmante que, en lugar de abrir un debate amplio, técnico y transparente, se perciba una estrategia de desgaste: dilatar, confundir, fragmentar la discusión y, eventualmente, imponer un modelo que garantice continuidad, no independencia.

La historia jurídica de Jalisco merece algo mejor.

Si alguna vez fuimos referente nacional fue porque entendimos que el derecho debe incomodar al poder, no servirle. Porque comprendimos que un Poder Judicial fuerte no se construye desde Palacio, sino desde la legitimidad social, la profesionalización real y la autonomía efectiva.

Hoy estamos frente a una disyuntiva clara: o se honra esa tradición, o se consuma su erosión.

La reforma judicial en Jalisco no puede seguir siendo tardía ni condicionada. O se asume como una oportunidad histórica para democratizar la justicia, o quedará registrada como otro episodio donde el poder prefirió conservar control antes que fortalecer instituciones.

Y esa, en términos jurídicos y políticos, siempre termina siendo la peor decisión.