La reforma electoral se ve lejos en Jalisco

La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum no se ve cerca de amarrar respaldo en Jalisco. No sólo por el ruido natural que provoca tocar el tema de los plurinominales.

También porque la política local viene mandando una señal de fondo: aquí se confronta a distancia y se acomoda de cerca. Y así no se construyen mayorías sólidas, se administran gestos.

La iniciativa presidencial fue presentada el 4 de marzo de 2026 como una reforma constitucional y, por esa naturaleza, necesita mayorías reforzadas en el Congreso federal para avanzar. Entre sus ejes están los cambios a la representación proporcional, la reducción del financiamiento público a partidos y el fin de la reelección inmediata a partir de 2030.

Sheinbaum ha sido clara en uno de los puntos más sensibles: las listas de plurinominales “no son negociables”. También ha reconocido que hay resistencias, incluso entre fuerzas aliadas, al insistir en que la propuesta busca conservar la representación de minorías, pero cambiar el mecanismo de selección y abaratar el sistema electoral.

Eso confirma que la discusión viene dura desde el centro; si allá ya hay jaloneo, en los estados no pinta tersa.

En Jalisco, además, el contexto político no ayuda. Pablo Lemus ha tenido episodios públicos de cercanía institucional con la presidenta, incluso en su visita a Guadalajara del 6 de marzo de 2026, donde Sheinbaum encabezó actividades oficiales sobre seguridad en la entidad.

Pero una cosa es la cortesía política y otra muy distinta entregar respaldo legislativo automático a una reforma que toca intereses, cuotas y formas tradicionales de armar poder.

Y aquí entra el otro elefante en la sala: la reforma judicial de Jalisco. El propio gobernador presentó su iniciativa de armonización constitucional el 10 de marzo de 2025. Un año después, el expediente oficial del Congreso seguía registrando el asunto “en comisión”, con un paso de primera lectura fechado el 7 de octubre de 2025.

Y todavía el 6 de marzo de 2026 el propio Congreso seguía difundiendo foros bajo el título “Analizan en el Congreso de Jalisco retos y propuestas de la reforma al sistema judicial”. Traducido al castellano de la calle: sigue atorada.

Eso importa porque revela el verdadero termómetro del poder local. Si una reforma prioritaria para el Ejecutivo jalisciense, coordinada políticamente desde el arranque por Arturo Zamora en “foros de armonización”, no ha podido cerrarse en tiempos razonables, entonces cuesta trabajo creer que una reforma electoral federal, más polémica y más incómoda para varias tribus, vaya a caminar sin resistencia en el Congreso local. El problema ya no es sólo jurídico. Es político. Y huele a cálculo.

Mi lectura es esta: la reforma electoral se ve lejos de ser aprobada en Jalisco porque llega a un terreno donde el poder local sigue sin resolver su propia cirugía judicial. Y cuando un gobierno no destraba la reforma que le urge, normalmente no es por falta de tiempo, sino por exceso de intereses.

En el foro público se habla de renovación institucional; en lo corto, nadie quiere soltar control sobre jueces, magistrados, cuotas y operadores. Esa parte no aparece en los boletines, pero la comunidad jurídica la comenta desde hace meses a ras de pasillo. La nota dura es que el Congreso y el Ejecutivo siguen moviéndose con lentitud en la reforma judicial; la inferencia política es que ese mismo ecosistema hará todavía más cuesta arriba la electoral.

Por eso el pronóstico no es complicado: si la judicial sigue empantanada, la electoral no sólo enfrentará objeciones técnicas o ideológicas. En Jalisco se topará con algo más viejo y más resistente: la costumbre de decir reforma y operar continuidad.