La prueba del agua

El problema del agua puede ser la gran prueba de Lemus: corregir la promesa fallida de Alfaro y evitar que el SIAPA termine capturado por cuotas políticas en el Congreso.

Víctor González

6/30/2026

El agua no perdona discursos.

Durante el cierre del gobierno de Enrique Alfaro se vendió una idea cómoda, casi triunfal: Guadalajara y su zona metropolitana tenían resuelto el abasto de agua para los próximos 50 años. Se dijo con tono de obra histórica, como si el problema hubiera quedado atrás. La realidad se encargó de desmentirlo.

No basta con que haya agua en una presa, ni con que una obra hidráulica luzca bien en un informe. La gente no vive dentro de una presentación de gobierno. Vive en casas donde abre la llave y espera algo elemental: agua limpia, potable, sin color extraño, sin olor, sin sospecha de contaminación, sin miedo a enfermarse.

Eso es lo que no ocurrió.

La crisis reciente exhibió el tamaño del abandono. Colonias de Guadalajara y de la zona metropolitana reportaron agua turbia, maloliente, con texturas sospechosas. Especialistas de la Universidad de Guadalajara documentaron presencia de bacterias coliformes, parásitos, metales pesados, aguas residuales e incluso restos fecales. No estamos hablando de una molestia doméstica. Estamos hablando de salud pública.

Ahí aparece Pablo Lemus con una oportunidad de oro.

No porque el problema sea sencillo. No lo es. El SIAPA arrastra años de deterioro, infraestructura vieja, falta de mantenimiento, deudas, fugas, mala operación y una relación política envenenada entre Estado, municipios y Congreso. Pero precisamente por eso el reto puede marcar a un gobierno.

Lemus tiene ante sí una decisión de fondo: administrar la crisis con boletines o entrarle al sistema completo. Lo primero ya lo hicieron otros. Lo segundo exige dinero, técnica, transparencia, carácter político y una cirugía institucional que no se agota cambiando directores.

El propio gobernador ya puso sobre la mesa una cifra pesada: una inversión cercana a 15 mil millones de pesos para un nuevo acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, la ampliación de la planta potabilizadora número 1 y otras intervenciones estratégicas. También se ha mencionado la posibilidad de una asociación público-privada para financiar parte de la solución.

Una APP no es, por sí misma, buena o mala. Depende de sus términos. Depende de quién gana, quién supervisa, qué se compromete, por cuántos años, con qué tarifas, con qué obligaciones y con qué castigos si no se cumple. Una mala APP puede hipotecar un servicio público. Una buena puede destrabar infraestructura que el gobierno solo no puede pagar. La diferencia está en la letra chiquita.

Y ahí entra el Congreso.

Si los diputados discuten el modelo con datos, estudios, comparecencias públicas y candados de transparencia, pueden ayudar a construir una salida seria. Pero si el tema se convierte en trueque político —votos a cambio de recursos para municipios gobernados por unos u otros— entonces estaríamos ante otra historia conocida: la necesidad ciudadana usada como moneda de cambio.

El agua no puede terminar atrapada en la mesa de reparto.

Los diputados de oposición tienen una prueba propia. Pueden revisar, exigir, corregir, condicionar y vigilar. Para eso están. Pero una cosa es el control legislativo y otra muy distinta convertir una emergencia pública en botín presupuestal. Si se oponen por razones técnicas, que las expliquen. Si acompañan la propuesta, que obliguen a abrir contratos, costos, plazos y responsabilidades. Lo que no se vale es jugar con la sed de la ciudad.

También el gobierno estatal debe entender algo: la confianza no se decreta. Se gana.

Después de la promesa fallida de los 50 años, la gente tiene derecho a desconfiar. No basta decir que ahora sí. Lemus necesita poner sobre la mesa diagnósticos completos, mapas de riesgo, análisis de calidad del agua, prioridades por colonia, calendario de obras y mecanismos de vigilancia ciudadana. Que el SIAPA deje de hablar como oficina cerrada y empiece a rendir cuentas como organismo que cobra por un servicio vital.

El ciudadano ya pagó demasiado: recibos, pipas, garrafones, enfermedades, filtros, tinacos sucios, días sin certeza. Y cuando el ciudadano paga todo eso, no está recibiendo un favor del gobierno. Está cubriendo con su bolsillo lo que la autoridad no resolvió.

Por eso esta puede ser la gran oportunidad de Lemus. No para presumir una obra más. No para tomarse una foto junto a maquinaria. Para corregir una mentira política y convertirla en política pública verificable.

Agua limpia. Información clara. Contratos abiertos. Diputados responsables. SIAPA bajo vigilancia.

Lo demás ya lo escuchamos antes.

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