La ley no se presume, se acredita: el caso del Auditor Ortiz Ramírez

La legalidad no se declama, se demuestra.
Y cuando un servidor público miente sobre su formación o su grado académico, no estamos ante un simple error administrativo: estamos frente a un acto con apariencia de delito, un fraude a la confianza pública.

El caso del Auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez es un ejemplo lamentable de cómo se puede desvirtuar el sentido mismo del servicio público. Un auditor tiene el mandato de vigilar la legalidad y la honestidad en el ejercicio del gasto público. Es, por definición, un garante de la transparencia. Pero cuando el propio vigilante viola la ley, el sistema entero se tambalea.

Ostentarse como licenciado o maestro sin contar con el título o la autorización correspondiente no es una falta menor. Es un acto que vulnera el principio de fe pública, piedra angular de la función estatal. Y lo más grave es que este hecho se cristalizó desde el momento mismo en que firmó documentos, resoluciones o informes en esa condición irregular.

En cualquier Estado serio, este tipo de conductas provocarían una separación inmediata del cargo y una investigación penal.
Pero en Jalisco, la reacción institucional parece ser siempre la misma: silencio, protección y justificaciones absurdas.

Resulta irónico —por no decir indignante— que el encargado de fiscalizar la legalidad haya actuado con ilegalidad; que el vigilante de la honestidad haya sido deshonesto.
Y más grave aún, que desde el Ejecutivo Estatal no exista una condena clara ni una acción inmediata para evitar que este caso quede impune.

Si no exigimos rendición de cuentas en la cima de la fiscalización, ¿cómo pedimos honestidad a los demás servidores?
El mensaje que enviamos es devastador: en Jalisco, quien miente puede seguir cobrando del erario.

La ley no se presume, se acredita.
Y si la autoridad no la hace valer, la ciudadanía tiene el deber moral de recordárselo.