La extorsión ya no distingue cargos

La reciente detención del alcalde de Tequila no es un hecho aislado ni un simple golpe mediático. Desde el punto de vista jurídico, es un mensaje con destinatarios claros y con un respaldo normativo que no existía hace apenas unos meses.

Hoy, el Estado mexicano está utilizando una herramienta nueva y potente: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso de la Unión. Y lo relevante no es solo la ley en sí, sino cómo se está aplicando.

Durante años, la extorsión fue combatida de manera fragmentada, reactiva y, muchas veces, selectiva. Bandas criminales por un lado, servidores públicos intocables por otro. Esa lógica parece estar cambiando.

El mensaje es directo y jurídicamente contundente: la extorsión es extorsión, la cometa quien la cometa. Da lo mismo si se trata de un integrante de una organización criminal o de un servidor público con cargo de elección popular. La conducta es la misma y la respuesta del Estado empieza a ser también la misma.

Eso explica por qué esta detención pesa más de lo que aparenta.

No se trata solo de un alcalde. Se trata de demostrar que la nueva estrategia no distingue jerarquías políticas ni posiciones administrativas. Se trata de romper, de una vez por todas, la idea de que el cargo público funciona como escudo penal.

Desde la perspectiva legal, la ley general permite algo que antes era complicado: investigaciones integrales, coordinación entre fiscalías, uso de inteligencia financiera y penal, y un enfoque que entiende la extorsión como un fenómeno estructural, no como hechos aislados.

Aquí es donde la política pública se vuelve relevante.

La conducción de esta estrategia, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha mostrado una línea clara: resultados antes que discursos, operativos antes que justificaciones, expedientes antes que excusas.

No es menor decirlo: confiamos en esa conducción. Porque cuando la ley se aplica sin excepciones, la señal que recibe la sociedad es distinta. Y cuando la señal es clara, el efecto disuasivo existe.

Si esta dinámica se mantiene —con investigaciones serias, judicialización efectiva y cero tolerancia a la extorsión venga de donde venga—, en el corto plazo veremos algo más que cifras: veremos un cambio real en la percepción de seguridad, en la estabilidad institucional y, sobre todo, en la tranquilidad cotidiana de la población.

La extorsión fue durante años un delito normalizado por miedo o complicidad. Hoy empieza a ser tratada como lo que es: una amenaza directa al estado de derecho.

Y cuando el Estado decide enfrentarla con todo y contra todos, no estamos ante una simulación. Estamos ante un punto de inflexión.