Jalisco fuera del operativo

El domingo 22 de febrero de 2026, el mensaje no lo mandó un comunicado: lo mandaron los hechos. Un operativo federal en Tapalpa terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y la respuesta criminal paralizó buena parte de Jalisco.

Y aquí viene lo incómodo: si la operación fue federal y la reacción estatal fue básicamente “contener el incendio”, entonces hay una pregunta que no se puede barrer debajo de la alfombra: ¿por qué Jalisco quedó —de facto— fuera del diseño del operativo?

Lo que sí sabemos (y lo que exhibe)

• La operación fue reportada como realizada por fuerzas federales en Tapalpa.

• La FGR informó este lunes 23 de febrero de 2026 que el cuerpo fue identificado genéticamente.

• Tras el operativo, se activó Código Rojo, hubo narcobloqueos, quema de vehículos y la autoridad estatal tomó medidas como mesa de seguridad y suspensión del transporte (AMG y rutas).

Eso, por sí solo, deja una lectura política y de seguridad: la coordinación reactiva no es coordinación. Es llegar cuando ya te prendieron la ciudad.

La hipótesis que huele a realidad

Cuando la Federación decide operar con hermetismo, suele ser por una razón: evitar filtraciones. Y en un estado con historial de violencia organizada, esa desconfianza —sea por incapacidad o por sospecha de “orejas” internas— es devastadora.

Porque si Jalisco no estuvo en la cocina, entonces hay dos opciones, y las dos son graves:

1. No se confía en las corporaciones locales para un operativo de alto impacto; o

2. No tienen capacidad real para prevenir y contener la reacción del crimen.

No es “una vez”: es un patrón

En Jalisco ya vimos episodios donde el Gobierno del Estado llega tarde, o no llega, o no controla la escena:

• Mercado de Abastos (29–30 dic 2025): un ataque de minutos, cientos de casquillos, y el propio reporte consigna que la autoridad arribó después.

• Tonalá (9 feb 2026): agentes intentan ejecutar una orden, el sujeto dispara y escapa; oficialmente se reconoce que no se logró su captura.

• Protesta por el “tarifazo” (enero 2026): detenciones al final de la marcha y señalamientos de abusos; el Estado no queda como garante, queda como riesgo.

No estoy diciendo que todo sea lo mismo. Estoy diciendo algo más simple: no hay un sistema de contención confiable cuando el evento se sale del guion.

¿Qué deja de mensaje?

Que los protocolos locales deben revisarse —y si hace falta, reescribirse completos—. No “ajustarse”. No “reforzarse”. Cambiarse.

Y eso implica, mínimo:

• Cadena de mando clara (quién decide qué, y en cuánto tiempo).

• Inteligencia operativa real (no solo patrullaje reactivo).

• Plan de contención para bloqueos/quema/ataques coordinados, con tiempos y responsabilidades medibles.

• Comunicación pública disciplinada (para que el ciudadano no se entere por rumores, ni por la llamas).

Y sí: la salida digna existe

Si quienes encabezan el Gabinete de Seguridad en Jalisco no pueden con prevención y contención —lo básico—, entonces que lo asuman con responsabilidad: renuncien.

Porque el 22 de febrero no solo dejó coches quemados y rutas cerradas. Dejó una duda que no se quita con discursos: ¿Jalisco gobierna su seguridad… o solo administra la crisis?