¿Fiscal Anticorrupción: autonomía o simulación?

La experiencia reciente obliga a hablar con franqueza. El periodo del fiscal saliente pasó prácticamente de noche para la ciudadanía. No hubo investigaciones emblemáticas, ni resultados que devolvieran la confianza en la legalidad. Sin embargo, ese silencio no fue neutral. En los hechos, la Fiscalía Anticorrupción fue utilizada por el gobierno en turno de aquel entonces como herramienta de presión política: un mecanismo para golpetear, intimidar o someter a quienes se atrevieran a cuestionar al poder.

Eso no es combatir la corrupción. Eso es pervertir el sentido de una institución creada para servir a la ley.

Por eso hoy el reto del Congreso del Estado de Jalisco es mayúsculo. Elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción implica decidir si se construirá una Fiscalía con autonomía real, profesionalismo técnico y vocación de servicio público, o si se repetirá el modelo del fiscal subordinado, funcional al Ejecutivo y distante de la ciudadanía.

De cómo se resuelva dependerá si el estado avanza hacia instituciones creíbles o si se profundiza una práctica que ya conocemos demasiado bien: la simulación.

En teoría, el diseño institucional establece filtros, evaluaciones y contrapesos para evitar capturas políticas. En la práctica, la preocupación es legítima: desde Palacio de Gobierno se han enviado señales para adelantar el resultado, contaminando el proceso desde su origen. La integración de una terna con perfiles incondicionales y claramente alineados a Movimiento Ciudadano enciende una alerta que no puede ignorarse. Cuando el Ejecutivo pretende influir en quién lo va a investigar —o en quién no lo va a investigar—, la autonomía deja de ser una garantía y se convierte en una promesa vacía.

Aquí conviene detenernos en un punto esencial: una Fiscalía Anticorrupción sin independencia no solo es inútil; puede ser peligrosa. Una institución capturada no persigue la corrupción, la administra. Y peor aún, abre la puerta a la persecución selectiva: investigar a unos y proteger a otros, según la conveniencia política del momento. Eso también es corrupción, aunque se vista de legalidad.

Como abogado, me frustra constatar cómo se normaliza esta lógica. Se cumple la forma, pero se evade el fondo. Se habla de procedimientos, pero se ignora el propósito. La justicia, entendida correctamente, no es un discurso ni un cargo; es la aplicación del derecho, sin excepciones ni pretextos. Cuando una Fiscalía existe solo en el papel, lo que se erosiona no es una institución, sino la confianza pública.

Por eso la pregunta que hoy debe hacerse con toda seriedad no es retórica ni exagerada: ¿habrá nuevamente un “Fiscal Carnal” en Jalisco? Un fiscal cercano al poder, diseñado para cuidar intereses políticos y no para incomodarlos; un fiscal que responda a lealtades personales y no a la ley.

El Congreso tiene en sus manos una responsabilidad histórica. No se trata de cuotas, acuerdos en lo oscurito o alineamientos partidistas. Se trata de decidir si la Fiscalía Anticorrupción será un contrapeso real o un apéndice del Ejecutivo. Y para ello no basta con cumplir el procedimiento; es indispensable honrar su espíritu: transparencia real, criterios públicos, evaluación rigurosa de perfiles y un debate de fondo que permita a la ciudadanía entender qué está en juego.

Jalisco no puede permitirse otro periodo de simulación anticorrupción. Cada nombramiento fallido tiene costos reales: desalienta la denuncia, normaliza la impunidad y profundiza la desconfianza en las instituciones. Sin confianza, no hay justicia posible. Y sin justicia, cualquier discurso de transformación queda reducido a palabras.

La decisión está sobre la mesa. O se construye una Fiscalía para servir a la legalidad y a la gente, o se fabrica un escudo para proteger al poder. El Congreso tiene la última palabra. Y la ciudadanía, el derecho —y la historia—, tendrán la memoria.