Ely Castro: falta justicia
El expediente administrativo contra Ely Castro ya está en el TJA, pero la pregunta incómoda sigue viva: si hubo posible delito, ¿quién responderá penalmente por el dinero público bajo investigación?
Víctor González
5/18/2026
El caso Ely Castro no puede quedarse solamente en una sanción administrativa.
Sí, el expediente ya llegó al Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, la Contraloría estatal determinó una posible falta grave por la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas como asesora técnica del SIAPA. Y sí, el propio caso ya apunta hacia sanciones como inhabilitación o multa. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿hubo delito?
Porque una cosa es que el TJA revise si existió responsabilidad administrativa grave. Otra, muy distinta, es que la Fiscalía Anticorrupción investigue si los hechos pueden configurar peculado, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad u otros delitos relacionados con el uso de recursos públicos. Esa línea penal ya fue señalada públicamente: la Fiscalía confirmó desde agosto de 2025 que abrió una carpeta de investigación y que una de las rutas era el posible peculado.
El caso no es menor. Según la información pública, Ely Castro cobraba más de 73 mil pesos mensuales como asesora técnica del SIAPA, pese a que se señaló que no contaba con las credenciales para el perfil. Además, en el expediente se mencionó al entonces director del organismo, Antonio Juárez Trueba; al director de Administración, Carlos Alberto Patiño Velázquez; al subdirector de Recursos Humanos, Russel Rubén Ruvalcaba Guerra; y a la propia Castro Cárdenas.
Ahí está el punto: esto no se explica solo con una firma. Para que una persona cobre del erario en un puesto público, hubo contratación, autorización, validación administrativa, pago y supervisión. La responsabilidad no puede reducirse a quien recibió el dinero. También debe revisarse quién la contrató, quién validó el perfil, quién permitió el pago y qué hizo —o dejó de hacer— el Órgano Interno de Control.
Porque si el sistema anticorrupción sirve para algo, debe servir justamente para esto: prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Ese es el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, no la simulación de expedientes que envejecen en escritorios. (Anticorrupción Jalisco)
La Ley General de Responsabilidades Administrativas permite que el Tribunal imponga, en casos de faltas graves, suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación; incluso contempla reparación de daños cuando hay afectación al patrimonio público.
Pero la sanción administrativa no sustituye la ruta penal.
Si la Fiscalía Anticorrupción tiene elementos, debe judicializar. Si no los tiene, debe explicarlo. Lo que no puede pasar es que el caso se disuelva entre comunicados, cambios de cargo, jubilaciones, silencios institucionales y tiempos burocráticos.
Ely Castro no es solo un nombre en la polémica pública. Es una prueba para el sistema anticorrupción de Jalisco.
O se investiga hasta el fondo.
O se confirma, una vez más, que aquí la corrupción se sanciona en el discurso, pero se protege en la práctica.