El subsidio al pulpo camionero

Cada vez que se habla de aumentar la tarifa del transporte público en Jalisco, la discusión se centra en pesos y centavos. Pero el verdadero debate no es cuánto cuesta el pasaje, sino quién está financiando el negocio y bajo qué reglas.

Hoy estamos ante un posible incremento que, además de socialmente injusto, considero jurídicamente cuestionable. Y no lo digo en abstracto. Existe ya un avance relevante: el referéndum contra el aumento fue avalado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Eso significa que la ciudadanía tiene abierta una vía legal para impugnar la decisión.

Mientras ese proceso camina, surge otra pregunta que no puede quedar fuera del radar: ¿cómo se aplicará el subsidio público al transporte en caso de que el aumento quede firme?

Porque aquí está el punto medular.

Durante años, el modelo ha sido el mismo: empresarios del transporte —el llamado “pulpo camionero”— presionan por incrementos bajo el argumento de costos operativos, modernización o inflación. El gobierno en turno termina concediendo aumentos directos o subsidios indirectos. Y la ciudadanía paga dos veces: en la tarifa y en impuestos.

No es un juicio ideológico; es un patrón histórico.

Por eso insisto: si el aumento se concreta, la fiscalización del subsidio debe hacerse con lupa. No basta con anunciar apoyos o compensaciones. Se necesita trazabilidad del recurso público, reglas claras, metas verificables y sanciones en caso de incumplimiento.

Aquí la Auditoría Superior del Estado de Jalisco tiene un papel fundamental. No como espectador técnico que revisa cuentas años después, sino como órgano activo que garantice que cada peso destinado al transporte tenga sustento legal, eficiencia financiera y beneficio real al usuario.

Porque la historia nos lo ha enseñado: cuando no hay controles estrictos, los subsidios se convierten en rescates permanentes a modelos empresariales ineficientes. Y lo que debía ser una política pública termina siendo una transferencia continua de recursos hacia intereses privados.

El transporte público es un servicio esencial, no un privilegio corporativo.

Si verdaderamente se quiere justificar un incremento, primero debe demostrarse que las empresas han cumplido con estándares de calidad, renovación de unidades, seguridad y transparencia financiera. No al revés. No puede pedirse más dinero cuando el servicio sigue generando quejas, tiempos muertos y unidades en malas condiciones.

Y menos aún cuando existe una vía democrática en curso para que la ciudadanía decida.

El referéndum no es un capricho político. Es un mecanismo constitucional de participación. Si el aumento es tan legítimo como se afirma, que se someta al escrutinio popular sin simulaciones ni maniobras dilatorias.

En lo personal, considero que el incremento es injusto e ilegal por la forma en que se ha procesado y por la opacidad en la justificación técnica. Pero más allá de mi postura, hay algo que no admite discusión: el dinero público no es propiedad del gobierno en turno ni caja chica del sector transportista.

Si el subsidio va a existir, debe estar blindado por controles, auditorías en tiempo real y máxima transparencia. Porque de lo contrario, estaremos repitiendo el mismo ciclo: aumento, subsidio, nuevo aumento… y siempre el ciudadano como financiador involuntario.

La movilidad es un derecho.
La fiscalización es una obligación.
Y la memoria histórica debería impedirnos seguir tropezando con el mismo “pulpo”.