Dos casos, una vara
La FGR citó como testigos a Maru Campos y Rubén Rocha. La igualdad no se prueba con el anuncio: se prueba investigando sin protecciones partidistas, pausas selectivas ni expedientes decorativos.
Víctor González
5/25/2026
Antes de hablar de justicia, hay que corregir el dato: la Fiscalía General de la República ya llamó a declarar tanto a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, como a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Ambos fueron citados en calidad de testigos, no como imputados.
El caso de Maru Campos surge de la investigación sobre el operativo realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril, donde se indaga la participación de agentes estadounidenses y la cadena de mando de servidores públicos estatales. La gobernadora anunció que acudirá a declarar el 27 de mayo.
Tiene que responder.
Sin privilegios.
Sin convertir automáticamente un citatorio en persecución política.
Pero el caso de Rubén Rocha Moya no puede tratarse como una nota secundaria. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y delitos relacionados con armas, bajo señalamientos de colaboración con el Cártel de Sinaloa. Es una acusación formal en Estados Unidos; no una sentencia.
El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa autorizó la licencia temporal de Rocha Moya y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. Separarse del cargo no demuestra culpabilidad. Pero tampoco cancela la obligación del Estado mexicano de investigar con seriedad.
La Secretaría de Gobernación asegura que los citatorios forman parte del procedimiento y que la FGR actúa sin interés político. Bien. Esa afirmación no se acredita con un comunicado. Se acredita con expedientes que caminen, diligencias transparentes y decisiones jurídicas explicadas.
Porque la misma vara no consiste en citar a dos gobernadores el mismo día.
Consiste en no acelerar el expediente de una gobernadora opositora mientras se administra con cuidado político el caso de un gobernador surgido del partido en el poder.
Consiste en no confundir debido proceso con silencio cómodo.
Y consiste en no usar el fuero, la licencia o la narrativa partidista como cortinas para que los hechos se pierdan entre declaraciones.
Maru Campos debe responder por lo que se investigue sobre Chihuahua y la presencia de agentes extranjeros en un operativo estatal.
Rubén Rocha Moya debe responder por los señalamientos que lo colocaron, desde una acusación estadounidense, bajo sospecha de protección política al narcotráfico.
A los dos se les debe respetar la presunción de inocencia.
A los dos se les debe investigar.
A ninguno se le debe regalar impunidad.
La vara no se mide en conferencias, comunicados o discursos sobre legalidad.
Se mide cuando las instituciones investigan a los propios con la misma firmeza que exigen para los adversarios.
Y ese examen, para la FGR y para el Gobierno Federal, apenas comienza.