Aplazar no borra deuda
La elección judicial federal puede moverse a 2028. Pero Jalisco no puede esconderse detrás de ese calendario. El estado ya incumplió una obligación constitucional.
Víctor González
6/1/2026
Hay confusiones que son errores.
Y hay confusiones que convienen.
La discusión sobre mover a 2028 la elección de jueces y magistrados no debe convertirse en cortina de humo para Jalisco.
Una cosa es el debate federal. Ahí se plantea recorrer la segunda etapa de la elección judicial para evitar que se empalme con la elección intermedia de 2027. El argumento es operativo: demasiadas boletas, demasiados cargos, demasiada carga para el sistema electoral.
Otra cosa muy distinta es usar ese aplazamiento como pretexto local.
Jalisco no llegó tarde por culpa del calendario federal.
Llegó tarde porque no hizo a tiempo lo que tenía que hacer.
La reforma constitucional obligó a los estados a armonizar sus constituciones y preparar la renovación de sus poderes judiciales. Jalisco dejó correr el reloj. No cumplió en tiempo. Y ese dato no desaparece porque en la Ciudad de México ahora discutan mover fechas.
Ese es el punto.
El gobernador Pablo Lemus ya había planteado llevar la elección judicial local hasta 2028. Después llegó la iniciativa federal para recorrer la segunda elección judicial. La coincidencia sirve políticamente, pero no borra el incumplimiento.
No es absolución.
No es borrón y cuenta nueva.
No es “ya ven, siempre sí era mejor esperar”.
Es otra cosa: Jalisco quedó a deber.
Y mientras se aplaza, el Poder Judicial local sigue funcionando con las mismas inercias que la reforma decía querer romper: cuotas internas, redes de poder, nombramientos opacos y señalamientos sobre jueces que responden más a intereses que a justicia.
No se trata de cambiar jueces por capricho.
Se trata de cumplir la Constitución.
Si el argumento para mover la elección al 2028 es evitar el desorden democrático, entonces Jalisco debe responder algo más básico:
¿Por qué permitió primero el desorden constitucional?
La discusión no puede quedarse en la fecha.
Tiene que ir al fondo.
Cómo se eligen los perfiles.
Quién los impulsa.
Qué filtros reales habrá.
Cómo se evita que el Poder Judicial termine repartido como botín.
Cómo se protege a la ciudadanía frente a jueces de consigna, favores políticos o cuotas disfrazadas de legalidad.
Jalisco no puede llegar al 2028 como si nada hubiera pasado.
Y mucho menos puede abrir la puerta a que, llegado ese año, alguien diga que mejor hasta 2030, para que lo resuelva otro gobierno.
La justicia no puede vivir aplazada.
La Constitución no se cumple cuando conviene.